Se desconoce paradero de testigos de asesinatos en Parima B luego de ser trasladados por militares, denuncian defensores

SUCESOS · 7 ABRIL, 2022 13:54

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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Amnistía Internacional (AI) y Foro Penal Venezolano (FP) denunciaron este 6 de abril que los yanomamis Borges Sifontes y Gabriel Silva, testigos claves de la investigación sobre el asesinato de cuatro indígenas en la comunidad de Parima B, se encuentran desaparecidos luego de que, supuestamente, fueran traslados hacia Caracas por funcionarios militares.

Los hermanos Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), éste último herido por dos impactos de bala, son los sobrevivientes de un «hecho violento» que terminó en «un enfrentamiento entre funcionarios de la Aviación Militar Venezolana y miembros de la comunidad yanomami», en el cual fueron asesinados cuatro ciudadanos originarios, el pasado 20 de marzo en la comunidad de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

Los fallecidos fueron identificados como Isnardo Borges, de 21 años de edad; Caribán González, de 22 años; Martina González, de 45 años edad y Jhonatan Silva, de 30 años.

Tras el altercado, Sifontes fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández, de Puerto Ayacucho, en capital del estado Amazonas, pero el pasado 3 abril ambos hermanos fueron trasladado arbitrariamente, sin previo aviso a su representante legal, y desde entonces no se ha podido confirmar su paradero.

Según la versión de AI, el 1 de abril, mientras los hermanos estaban en el Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho, presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del recinto, desconociendo la calidad de representante legal de Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal.

Posteriormente, el traslado de los testigos se produjo de manera irregular el 3 de abril. «El personal militar de la zona informó a Olnar Ortiz que los jóvenes habían sido llevados primero a la ciudad de Maracay, en el centro del país, y después, supuestamente, vía terrestre al Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas», informó la organización.

Ambos «fueron transportados en una aeronave presuntamente perteneciente al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación venezolana», detalló en una comunicación con fecha 6 de abril de AI, en la cual se advierte que se trata de una desaparición forzada, considerada como un crimen en el derecho internacional.

En las oficinas del Ministerio Público de Puerto Ayacucho, en donde Olnar Ortiz y Silva (el testigo) días antes habían introducido una denuncia formal, informaron al abogado que allí no fueron notificados de la reubicación y que desconocía su paradero actual.

«Tal circunstancia coloca a los jóvenes yanomamis en altísima vulnerabilidad. Más aún, el adolescente herido no conoce el idioma castellano y solo puede comunicarse en su idioma ancestral, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad», señala Amnistía Internacional en el texto hecho público.

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La organización hizo un llamado a las autoridades venezolanas a garantizar la vida, la integridad y libertad de los jóvenes, al tiempo en que pidió que se haga público su paradero, situación judicial y motivo de traslado.

También exhortaron que les garanticen el derecho a la libertad y que este no les sea restringido de manera arbitraria en el transcurso de la investigación.

Finalmente, solicitaron que se le permita al Foro Penal y los demás representantes legales acceder regular y frecuentemente a las actuaciones e investigaciones de a Fiscalía. 

Un nuevo hito a la lista de irregularidades

La desaparición forzosa de los hermanos Gabriel Silva y Borge Sifontes se constituye como un nuevo hito en la lista de irregularidad que han marcado este caso.

Olnar Ortiz, responsable del Capítulo de derechos de los pueblos indígenas del Foro Penal, ya había denunciado que esta investigación se encontraba en el «hermetismo total», pues las autoridades del Ministerio Público le habían negado los detalles sobre el proceso, mientras la comunidad estaba aislada por la fuerzas militares.

En primer lugar, el abogado intentó viajar desde la zona La Esmeralda, capital del municipio Alto Orinoco, hacia Parima B, pero la Aviación negó el acceso.  Por esto, presumió que -luego del incidente- pretendían aislar a la localidad, en donde ya los servicios de telecomunicaciones eran precarios y el acceso por vía terrestre tomaba más de 15 días a pie.

Localización geográfica de la comunidad Yanomami de Parima B.

Posteriormente, se supo que se constituyó una comisión delegada conformada por el alcalde del municipio Alto Orinoco, el gobernador del estado Amazonas, el primer capitán de la comunidad Yanomani de Parima B y otros tres indígenas, la cual viajó a Caracas para tratar el caso.

Sin embargo, Ortiz informó a Efecto Cocuyo que para la conformación de esta comisión no fueron convocados los familiares de los yanomamis asesinados. Incluso, advirtió, el alcalde no visitó la comunidad de Parima B después del hecho.

El abogado aseguró que, por el momento, tratan de reconstruir los hechos y realizar la documentación del caso para hacer una posible acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Pronunciamiento del gobernador

Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, prometió que las denuncias de los yanomamis «no quedarán en el vacío».

Al inicio de un breve texto publicado en su cuenta de Facebook este miércoles 6 de abril, el funcionario reconoció «la justeza» de los reclamos de los yanomamis a quienes tienen «alguna responsabilidad de gobierno».

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