Emirlendris Carolina Benítez Rosales, de 37 años de edad, está desaparecida desde el sábado 4 de agosto. Su nombre figura en la lista de presentados en tribunales, por su presunta participación en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
Un abogado defensor en Palacio de Justicia dijo a Efecto Cocuyo que los parientes de Benítez se comunicaron con ella por última vez el viernes 3 de agosto. Luego, vieron su foto y datos personales en televisión.
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo que había sido detenida en el estado Portuguesa el 5 de agosto. Junto a ella aprehendieron a Alberto Bracho Rozquez, José Estrada González y Yolmer Escalona.
Los cuatro fueron señalados de participar en la operación que detonó dos drones en los alrededores de la avenida Bolívar de Caracas el 4 de agosto. Ese día se celebraba un acto en honor al 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el que participaron el presidente Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores y el alto mando militar.
Familiares de Emirlendris Benítez acudieron a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General Contra Intigencia Nacional (Dgcim) y en ambas les negaron que estuviese detenida. Quisieron denunciar la desaparición en Fiscalía y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ninguno de los organismos tomó la denuncia.
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Este martes 14 de agosto, nueve días después de su detención, el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que Benítez fue presentada en tribunales el 8 de agosto.
Especificó que el martes 7 se realizó la audiencia de presentación de Argenis Valero Ruiz, Juan Carlos Monasterio Vanegas y José Eloy Rivas Díaz. Ellos fueron detenidos el sábado 4 del mismo mes. Los tres fueron privados de libertad.
Ese miércoles 8 de agosto se realizó la audiencia de presentación de Emilendris y también de Yolmer Escalona, Alberto Bracho y José Estrada, quienes permanecen detenidos.
Los siete fueron llevados a tribunales sin permitirles que hablaran con un abogado o sus familiares.
Sin embargo, el Fiscal designado aseguró que se había garantizado el debido proceso y los derechos humanos de los presuntos implicados en el atentado fallido.
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Un abogado defensor en Palacio de Justicia dijo a Efecto Cocuyo que los parientes de Benítez se comunicaron con ella por última vez el viernes 3 de agosto. Luego, vieron su foto y datos personales en televisión.
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo que había sido detenida en el estado Portuguesa el 5 de agosto. Junto a ella aprehendieron a Alberto Bracho Rozquez, José Estrada González y Yolmer Escalona.
Los cuatro fueron señalados de participar en la operación que detonó dos drones en los alrededores de la avenida Bolívar de Caracas el 4 de agosto. Ese día se celebraba un acto en honor al 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el que participaron el presidente Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores y el alto mando militar.
Familiares de Emirlendris Benítez acudieron a las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General Contra Intigencia Nacional (Dgcim) y en ambas les negaron que estuviese detenida. Quisieron denunciar la desaparición en Fiscalía y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Ninguno de los organismos tomó la denuncia.
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Especificó que el martes 7 se realizó la audiencia de presentación de Argenis Valero Ruiz, Juan Carlos Monasterio Vanegas y José Eloy Rivas Díaz. Ellos fueron detenidos el sábado 4 del mismo mes. Los tres fueron privados de libertad.
Ese miércoles 8 de agosto se realizó la audiencia de presentación de Emilendris y también de Yolmer Escalona, Alberto Bracho y José Estrada, quienes permanecen detenidos.
Los siete fueron llevados a tribunales sin permitirles que hablaran con un abogado o sus familiares.
Sin embargo, el Fiscal designado aseguró que se había garantizado el debido proceso y los derechos humanos de los presuntos implicados en el atentado fallido.
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