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La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) documentó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contraintreligencia Militar (Dgcim).

En el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, publicado este jueves 4 de julio como resultado de su visita del 19 al 21 de junio, se señala que entre las agresiones físicas está arrastrarlas por el pelo, tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada, insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas y extraerles confesiones.

Mujeres y hombres detenidos fueron sometidos a una o varias formas de tortura para obtener información, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Las autoridades venezolanas no han investigado, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia ni se ha proporcionado reparaciones a las víctimas. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones. Sin embargo, en el Ministerio Público (MP), se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019.

Detenidos arbitrariamente

Según datos de Foro Penal, 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019.

Hasta el 31 de mayo de 2019, 793 personas continuaban privadas de libertad de forma arbitraria, 1.437 personas habían sido liberadas y 8.598 excarceladas. Algunas de estas personas han dejado el país por miedo a ser detenidas otra vez. El Acnudh consideró que las detenciones arbitrarias se han utilizado como instrumento para intimidar y reprimir a cualquier expresión de disensión, al menos desde 2014.

La Acnudh documentó 135 casos de personas privadas de libertad arbitrariamente entre 2014 y 2019. Algunos de estos casos fueron desapariciones forzosas hasta que las autoridades revelaron su paradero. Sobre las condiciones de las detenciones, éstas no cumplen las reglas internacionales sobre tratamiento humanos a los reclusos. Están superpoblados y son insalubres.

En el caso específico de la sede del Sebin en El Helicoide, no está adaptado a los estándares específicos de género. Sólo hay una celda asignada a mujeres, superpoblada y vigilada principalmente por hombres.

«Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas», explica el informe.

Operaciones de Liberación del Pueblo

Las personas entrevistas por la Acnudh se refirieron a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como «escuadrón de la muerte» o «grupo de exterminio». La Acnudh entrevistó a familiares de 20 hombres jóvenes asesinados por las Faes e identificó un modus operandi similar.

Los funcionarios irrumpen en los hogares, toman sus pertenencias, ejercen violencia de género contra mujeres y niñas y separan a los jóvenes de sus familias antes de dispararles. Luego manipulan la escena del crimen y las pruebas. Plantan armas, drogas y disparan contra las pareces o al aire para simular enfrentamientos.

Las autoridades venezolanas califican las muertes como «resistencia a la autoridad«. En 2018, el Gobierno registró 5.287 muertes violentas en esa categoría, mientras que el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) registró al menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.

Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. La información analizada por el Acnudh indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.

Manifestaron su preocupación por la posible utilización de las Faes y otras fuerzas de seguridad para infundir miedo en la sociedad y mantener el control.

Cuerpos de seguridad culpables

El informe de Bachelet advirtió que el decreto de «Estado de excepción» declarado el 13 de mayo de 2016 otorga amplias facultades, vagas y discrecionales al poder Ejecutivo para preservar el orden interno. A juicio de la Acnudh, estas políticas implican un aumento de la militarización de las instituciones del Estado e incluyen a la población en tareas de defensa e inteligencia.

La GNB y la PNB son responsables del uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones «al menos desde 2014», sobre el Sebin y la Dgcim pesan las detenciones arbitrarias y tortura a la disidencia y sus familiares. Los colectivos contribuyen en este sistema.

Ante esta situación, la Fiscalía General, los jueces y la Defensoría del Pueblo, «generalmente» no investiga las violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por las autoridades del Estado.

Represión en protestas

La gestión de Nicolás Maduro y las ONG tiene datos distintos. Según el Gobierno, en 2017 ocurrieron 12.913 manifestaciones, 7.563 en 2018 y 3.251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019.

En la revisión del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ovvs), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019. En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones, señala el informe.

En algunas protestas políticas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la PNB, las Faes y algunas policías estatales y municipales hicieron uso excesivo de la fuerza de manera deliberada.

Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y 29 personas murieron entre enero y mayo de este año. Sin embargo, Ovcs registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y el Acnudh reportó 66 muertes entre enero y mayo 2019. Muchos manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, maltratados o torturados o allanaron ilegalmente sus domicilios.