Más de la mitad de manifestantes heridos en protestas son responsabilidad de cuerpos de seguridad

SUCESOS · 29 ABRIL, 2017 14:40

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Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez


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A Evelyn Romero de 41 años de edad le dispararon efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maturín, donde el 19 de abril intentó impedir que agredieran a unos manifestantes en la avenida Bicentenario. Acababa de bajar del edificio donde vive para prestarle ayuda a los jóvenes que trataron de resguardarse en en la edificación.

Un perdigón se le alojó en la quijada. Por sus medios se trasladó hasta la emergencia del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (Humnt) de la capital monaguense a las 2:00 de la tarde. Pero su caso no fue el único que  atendieron en el centro asistencial por heridas de perdigones,  disparados por efectivos de seguridad para disolver la tranca que se mantenía en la principal avenida por la que circula el 90 % del transporte público en Maturín.

Ese mismo día, pero en la avenida Orinoco con Juncal, Wilfredo Flores de 27 años de edad, fue el primer caso registrado en la emergencia del Humnt con lesiones de perdigonazos en la parte posterior de la cabeza, cuando manifestaba en este sector de la ciudad. Otro registro asentado en el centro asistencial fue el de Robert Brito, a quien le dispararon en la pierna.

La Fiscalía del Ministerio Público investiga 519 casos de víctimas lesionadas en las manifestaciones de abril en el país, y de ellas 319; es decir el 60 % por violación de derechos fundamentales; en otras palabras, en las que están involucrados funcionarios del Estado venezolano.

En el caso de Monagas, el Foro Penal Venezolano solo ha recibido denuncias de  siete casos de detenidos el 19 de abril.  Seis de ellos fueron puestos en libertad y uno, el profesor universitario Yoel Bellorín, permanece detenido y acusado por delitos de instigación público, tenencia de artefactos explosivos y porte ilegal de un arma de guerra.

La abogada Cielo Defendini dijo que la próxima semana llevarán las denuncias sobre la violación de los derechos humanos contra Bellorín y los otros seis jóvenes que están libres bajo régimen de presentación, ya que los golpearon durante su aprehensión. Incluso el caso de Bellorín es calificado como tortura y trato cruel.

“Los funcionarios que los detuvieron cometieron excesos, violentaron sus derechos. Estamos sustanciando el expediente y recabando los testimonios para llevar el caso a la Fiscalía”, detalló la abogada.

Foro Penal también lleva registro en otros estados del país. Así lo destacó Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG, el viernes en entrevista con Vanessa Davies en su programa Por donde vamos en Unión Radio.

Práctica sistemática

Romero mencionó los casos en los que los funcionarios que reprimen las manifestaciones están lanzando bombas lacrimógenas a quemarropa, a quienes participan en las protestas o que simplemente son arrestados cuando quedan en el medio del conflicto.

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“En Mérida golpearon a un niño que cruzó durante la manifestación. Lo golpearon los policías; es un niño, a quien además le raparon el cabello y como no había evidencia para detenerlo le dictan libertad plena. Son muchos casos de tratos crueles, inhumanos y torturas”, afirmó.

Otros registros recientes son los de la señora Jolita Rodríguez de 58 años de edad, el del periodista de El Nacional, Ayatola Núñez (le tomaron 15 puntos de sutura en la cabeza) y el del joven Juan Pablo Pernalete, a quien el impacto de una bomba le provocó la muerte el miércoles 26 de abril.

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“Estamos viendo un patrón sistemático  de personas agredidas por bombas lacrimógenas en las manifestaciones y que son lanzadas de forma indiscriminada a los manifestantes”, añadió Romero.

Al periodista Román Camacho, el 10 de abril una  lacrimógena le impactó en una de sus piernas y le fracturó la tibia, cuando cubría la represión en la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Fue uno de los primeros en denunciar el lanzamiento indiscriminado de estos artefactos, sin que los funcionarios siguieran las normas para el control de manifestaciones. Camacho deberá estar hasta seis semanas de reposo.

Los expedientes más graves son documentados por el Foro Penal para que la Fiscalía investigue, señale a los responsables y se haga justicia.