“El trato vejatorio y los maltratos físicos comienzan apenas la persona es privada de su libertad”, señaló el informe publicado por Una Ventana a la Libertad (UVL) sobre la situación de los derechos humanos en los centros de reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el país.
Durante el 2017 se generó un aumento en las detenciones de civiles y militares tras las manifestaciones registradas de marzo a julio, las cuales fueron realizadas por funcionarios militares y posteriormente procesadas por la Fuerza Armada, señaló la ONG. Por estas razones, se generó “una sobrecarga de los tres grandes centros de la Fanb para procesados”.
La organización asegura que la respuesta de parte de la institución militar fue incrementar la población de reclusos en las celdas, generando hacinamiento como otra forma de trato vejatorio hacia los detenidos. Además, se decidió mantener en los mismos centros de detención a presos políticos, junto a los presos comunes, lo que ha ocasionado situaciones de riesgo para los reclusos por razones políticas, como se apreció en el motín de Tocuyito y en la cárcel 26 de Julio.
La tortura en la sede de la Dgcim de Boleíta (Caracas)
El maltrato es frecuente tanto hacia individuos militares como civiles. En el caso de las personas detenidas por protestar contra el Gobierno, el trato es aún más severo, asegura el informe. “Mientras son trasladados al centro de reclusión, pueden ser golpeados en la cabeza o en los costados, al tiempo que reciben amenazas”.
En ocasiones, son trasladados encapuchados hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde al llegar lo primero que escuchan es “Bienvenido al infierno, aquí no leerás ni la Biblia; aquí la Ley es letra muerta”.
UVL explica que durante las primeras 48 horas de detención, es “muy probable” que sean aplicados procedimientos de tortura física, siendo las más frecuentes en este espacio de retención la exposición al polvo de bombas lacrimógenas en espacios cerrados o directamente aplicados dentro de una capucha colocada al detenido; golpes en la cabeza o los costados del cuerpo intercalados con lapsos de aislamiento; golpes en las plantas de los pies con objetos contundentes, inserción de tachuelas o chinches en la parte inferior de las uñas de las manos; y golpes con bates mientras el detenido se encuentra enrollado con una colchoneta para no dejar marcas.
No obstante, también recurren a la tortura mediante la privación del sueño por periodos prolongados, utilizando ruidos molestos o luz artificial encendida las 24 horas del día. Asimismo, pueden ser expuestos a bajas temperaturas por extendidos lapsos temporales.
Pero, según la ONG, la Dgcim también practica tortura psicológica: “la más frecuente es la amenaza de retaliaciones hacia los familiares y allegados a los detenidos”. Otras formas son el aislamiento en “el cuarto de los locos” y alterar la conducta de los detenidos a través de la intimidación a sus seres queridos durante las visitas.
El informe de Una Ventana a la Libertad también explica que “existen denuncias no constatadas mediante fuente directa según las cuales el detenido es confinado en una celda sin luz, y allí lo obligan a escuchar piezas musicales que suelen utilizar para el proselitismo oficialista”.
Cuando se presentan enfrentamientos entre detenidos y funcionarios, los castigos pueden ser confundidos con torturas menos intensas, como la privación o reducción de la porción de comida, ropa o artículos de aseo; reclusión en una “celda castigo” que debe compartir con otros reclusos y “debe dormir boca arriba con los pies en alto”; inmovilización por largos periodos en un asiento o de pie, esposado a un objeto fijo; y la restricción de las visitas familiares por tiempo indefinido.
“En los calabozos de la Dgcim Boleíta, los detenidos tienen prohibido comunicarse entre sí, cuando están en celdas distintas”, asegura la ONG. “Los carceleros hacen lo posible para que los detenidos no tengan una noción clara sobre cuántas personas están allí y quiénes son”.