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Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes acudió este viernes, 2 de julio, a la sede del Ministerio Púbico en el estado Falcón, para denunciar hostigamiento por parte de hombres armados, del cual fueron objeto él y su equipo de trabajo.

Según escribió en su cuenta de Twitter, a las 12:30 a.m. al terminar reunión una operativa con el equipo de coordinadores de Fundaredes-Falcón, intentó ingresar al hotel en el que tenía previsto hospedarse en Coro, y un grupo de hombres armados sin identificación, que estaban en dos camionetas, esperaban en la puerta.

Tarazona también denunció que miembros del Servicio de Investigación Penal de la policía del estado Falcón y del Sebin estuvieron merodeando el local donde realizó la actividad sobre la importancia de la documentación de violaciones de los derechos humanos y los mecanismos de protección regional e internacional.

Medida cautelar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió el 18 de junio de 2020 la Resolución 30/2020, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de José Javier Tarazona Sánchez y familia, en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La solicitud alega que Tarazona se encuentra en riesgo por sus labores como director presidente de FundaRedes, a través de la cual realizaría denuncia sobre la presencia de actores armados irregulares en Venezuela. Producto de tales denuncias, la solicitud indica que el defensor es objeto de amenazas e intimidaciones en el marco del contexto actual por el que atraviesa el país.

Tras considerar cumplidos los requisitos reglamentarios, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela que: a) adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor José Javier Tarazona Sánchez y de los integrantes identificados de su núcleo familiar.

En particular, el Estado debe asegurar que los derechos del beneficiario sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por sus agentes, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros.

b) Concierte las medidas a implementarse con el beneficiario y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

“Medidas que no han acatado. No pueden seguir criminalizando la labor de defender derechos humanos, seguiremos formando para denunciar violaciones DDHH”, escribió el activista en su cuenta de Twitter-

El pasado 1 de junio, Fundaredes denunció ante la Fiscalía la existencia de “casas seguras” para la operatividad de los “cabecillas” de la guerrilla colombiana del ELN y los disidentes de las Farc, quienes cuentan con “protección” de funcionarios de seguridad del Estado, informó este martes la organización.

A través de una nota de prensa, la organización no gubernamental dijo que logró identificar los lugares donde se mueven frecuentemente” los que encabezan estas “organizaciones terroristas para hacer sus pronunciamientos, coordinar logística y avanzar en sus actividades ilícitas en el país”.

La ONG, que ha denunció reiteradamente la presencia de estos grupos en Venezuela.

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