Más de 24 horas estuvieron secuestrados los trabajadores del Internado Judicial de Cumaná, estado Sucre. En total fueron 56 personas las que estuvieron amenazadas por los privados de libertad, quienes los tomaron como rehenes para exigir traslado y mejoras en sus condiciones de reclusión.

Este martes 26 de junio, a las 4:00 pm, la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aseguró que el conflicto había terminado. “(…) Revoltosos serán trasladados a máxima de El Dorado y suspensión de visita por 3 meses (…)”, dijo en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y con el diputado Robert Alcalá el conflicto inició al mediodía del lunes 25 de junio, cuando un grupo de siete privados de libertad tomó escopetas para someter sus víctimas.

El OVP precisó que serían 32 trabajadores y 14 funcionarios de distintos cuerpos policiales los que fueron tomados como rehenes. Una de las trabajadores sufrió una crisis nerviosa, por lo que los presos la dejaron salir.

Los presos de Cumaná vía telefónica expresaron que mantuvieron retenido al personal del Ministerio de Servicios Penitenciarios como medida de protesta para exigir condiciones mínimas de servicios para los 333 privados de libertad que se encuentran en el penal de Cumaná.

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Rechazaron también las constantes violaciones a los derechos humanos, como son: el derecho a la salud y a una alimentación balanceada.

El OVP señaló que los familiares de los reclusos solicitaron la destitución del director del penal, Luis Álamo, a quien denunciaron de ser una persona que presuntamente se presta para la corrupción y además señalan que es un violador de derechos humanos.

El diputado Alcalá indicó que el líder del motín solicitaba el traslado para 47 personas. La ministra Varela no especificó cuántas personas serían trasladadas finalmente hacia la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar. Este era el penal al que los amotinados pedían ser llevados.

El lunes, día que inició el conflicto, el Observatorio confirmó que al sitio llegó Wilmer Apóstol, director del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) con su equipo y otros funcionarios del Ministerio para Servicios Penitenciarios.

Según Alcalá, los privados de libertad no permitieron el ingreso de los funcionarios al penal, por lo que el motín se extendió durante el martes 26 de junio.

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