Esta es la pregunta de la mayoría del país y buena parte de la comunidad internacional. Se han agotado muchas estrategias para incentivar a los militares a ponerse del lado de la Constitución, pero no se ha tenido éxito. Se han construido diferentes mensajes al ala militar para dejar en evidencia que vivimos en una dictadura, sin embargo, en palabras del analista Javier Corrales: “Pero separar al ejército de Maduro ha sido complicado porque su alianza militar, en muchos aspectos, no es nada convencional”.
Siguiendo con Corrales, el inconveniente está en que no es una Fuerza Armada, sino que son varias “Fuerzas Armadas”, es decir, son muchos grupos dentro del sector militar y el desafío es configurar distintas propuestas que les brinde garantías a todos. Por ejemplo, no se le puede hablar a un soldado profesional igual que a uno ideologizado para persuadirlo. Por otra parte, no podemos comunicarnos de la misma manera con un militar a cargo de una jefatura en una empresa estatal que a otro en pleno enriquecimiento ilícito comprometido con el contrabando de mercancías o con el tráfico de drogas puro y duro. Desafortunadamente, no se podrá satisfacer con una sola propuesta, dado que los actores están sujetos a diferentes intereses, gustos y preferencias.
No hay duda de que Juan Guaidó ha agrupado a la ciudadanía y ha sido la combustión de una oposición reunificada. Además, el ofrecimiento de la amnistía a los soldados, si bien no ha tenido el impacto esperado, ha empujado –junto a otros factores- la decisión de más de 500 profesionales militares de ponerse del lado de la ciudadanía. Pese a todo, aún no se logra el pronunciamiento del quiebre con la dictadura.
El reto de Guaidó es acercarse a todas las fracciones militares –con distintas fórmulas- brindando protección y garantías con la finalidad de convencerlos que, definitivamente, Padrino López, ni Cabello, ni Bernal, ni Maduro los resguardan y sólo responden a sí mismos, y a sus pellejos.
Igualmente, debe reconocerse que ciertos arreglos dentro de la institución sólo pueden hacerse en lenguaje militar, por lo cual Guaidó no tendría mucha ventaja como civil y, eventualmente, un líder militar sería el protagonista de esta reorganización estructural. En otras palabras, los acuerdos “puertas adentro” del funcionamiento de la institución castrense vendrían con militares activos.
En síntesis, para los grupos militares profesionales se debe mantener la propuesta de amnistía y acompañamiento como testigo; con los ideologizados se debe persuadir mostrándole la emergencia y el perjuicio que significa ser colaborador de la inteligencia cubana, además de ofrecerle protección como testigo; con los encargados de las empresas públicas se evalúa, de forma objetiva, sus resultados como administradores y se les ofrece apoyo o amnistía dependiendo de los resultados operativos de su ejercicio directivo; y los que están atesorando fortunas mal habidas, se les ofrece un extremo resguardo y respaldo como testigo, así como también la posibilidad de amnistía o rebajas de condena de acuerdo a su cooperación.
Alto precio de la libertad
Para que sirva de referencia, está el caso chileno, donde se le concedió a las Fuerzas Armadas -por ley- el 10% de los ingresos recaudados por la venta del cobre, además Pinochet fue designado senador vitalicio. En Argentina, Brasil y Uruguay prefirieron el perdón y el olvido, acompañado con unos pocos juicios militares en sus propios cortes y la construcción de memoriales para las víctimas. Además, todos los países mencionados destinaron retribuciones monetarias –como compensación- a todas las víctimas o familiares por las humillaciones, maltratos y vejámenes sufridos. Igualmente, conformaron comisiones para la verdad, pero sin poder iniciar formalizar casos judiciales.
El precio de la libertad nunca ha sido bajo y tendremos que pasar con la nariz tapada si la queremos. Por lo pronto, la ciudadanía seguirá poniendo a pensar al alto mando militar y empujará –paulatinamente- el suceso que produzca el quiebre.
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