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Luis Alejandro Mogollón, Yuleima Medina Guerrero, William Aguado, Antonio Pérez y Juan Carlos Urdaneta esperan que los militares del Centro para Procesados Militares de Ramo Verde los trasladen a un centro médico asistencial.

De acuerdo con la abogada Marian Ortega, de la organización no gubernamental Foro Penal, los presos políticos se encuentran en grave estado de salud debido a las torturas a las que han sido sometidos durante su reclusión. Por esa razón, sus tribunales respectivos ordenaron un traslado el martes 15 de mayo que hasta este 22 de mayo no ha sido ejecutado.

Luis Alejandro Mogollón (en la foto) es primer teniente del Ejército, privado de libertad desde el 28 de marzo de 2017, por los delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria.

El 30 de noviembre de ese año, en medio de un traslado a tribunales ocurrió una situación irregular que quedó registrada como un intento de fuga de los detenidos. En ese evento se encontraba Mogollón, quien presuntamente fue empujado del vehículo donde lo llevaban de regreso a Ramo Verde. Al caer, se golpeó la cabeza. El hecho se registró en la redoma Rosalito de la avenida Perimetral de San Antonio en Los Salias, estado Miranda.

Desde ese momento, el oficial quedó con el cráneo fracturado y sufrió dos infartos. Ortega denunció que se encuentra recluido en Ramo Verde, sin atención médica.

Otro de los detenidos de esta cárcel militar que necesita ser revisada de emergencia es la sargento primero Yuleima Medina Guerrero, privada de libertad desde marzo de 2018 por traición a la patria e instigación a la rebelión.

Foro Penal informó a Efecto Cocuyo que ella padece de una discopatía protuida en la columna, además de ser epiléptica e hipotensa.

William Aguado, médico que presuntamente sería el dueño del chalet en el que se ocultaba Óscar Pérez, también necesita su traslado a un hospital. Durante la reclusión se le han acentuado sus problemas de tensión y además tiene un riñón desprendido.

Antonio Pérez, taxista que vincularon a Óscar Pérez, padece de un trastorno depresivo, problemas para respirar y de tensión alta; al igual que Juan Carlos Urdaneta, detenido por la misma razón, y quien tiene una costilla fracturada y talones rotos.

Ortega, defensora de derechos humanos, recordó que el incumplimiento de la orden de traslado a un centro médico, por parte de las autoridades de Ramo Verde, constituye una violación a los artículos 43,46 y 83 de la Constitución.

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