El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que el número de mineros heridos por el derrumbe en «bulla loca«, un yacimiento ilegal que se encuentra en La Paragua, ascendió a 36.
En una entrevista que concedió al canal Telesur, el funcionario militar aseguró que «tenemos ahorita 36 personas lesionadas o heridas que ya han sido atendidas», en declaraciones que recogió la agencia de noticias española Efe.
«Bulla loca» es el nombre que le dieron a una mina ilegal en La Paragua, estado Bolívar, donde más de 300 personas realizaban extracción de oro de forma ilegal. El pasado martes 20 de febrero un derrumbe en el lugar provocó la muerte de 16 personas, según la cifra del gobierno de Nicolás Maduro.
El alcalde del municipio Angostura -donde queda la mina- Yorgi Arciniega insiste en que el número de decesos es de 30 personas, 13 de ellos de comunidades indígenas, cuyos representantes se llevaron sus cuerpos a los asentamientos aborígenes.
Pérez Ampueda agregó que en la zona del hecho permanecen 84 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para continuar labores, así como la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que conforman bomberos y miembros de Protección Civil para labores especiales de rescate.
Los familiares de los fallecidos y de otros mineros que se cree estaban en la zona demandaron al gobierno brindar mayor atención y permanecer en el lugar al asegurar que en el sitio había más cuerpos bajo tierra.
Mientras que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó el viernes por la noche que de bulla loca desalojaron a 384 mineros por la extracción ilegal que practicaban en la zona.
Qué pasa con la minería ilegal
La ONG SOS Orinoco cuestiona al Ejecutivo y la Fanb al responsabilizarlos de permitir este tipo de minas, que no tienen control de las autoridades, y en las que aseguraron le prestan apoyo logístico como el suministro de combustible para mantenerlas operativas.
Además, el observatorio de DDHH indígena Kapé Kapé afirmó que estos espacios están bajo el control de grupos irregulares. Estas prácticas contaminan ríos, desplazan a indígenas de sus lugares ancestrales y en muchos casos obligan a los pobladores autóctonos a trabajar en esos lugares, lo que incluye la explotación laboral.
Con información de Efe