El Observatorio de Ecología Política de Venezuela alertó sobre la muerte de las poblaciones indígenas en el país, debido a enfermedades prevenibles o controlables como la malaria, difteria, sarampión y hasta el VIH que atacan a los pueblos aborígenes en estados como Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro.
Esta organización emitió un comunicado en el que destacó la desatención generalizada de la que son objeto los indígenas venezolanos, pero que en los últimos meses se ha convertido en un «acelerado deterioro de la salud pública entre los pueblos y comunidades originarias en distintas regiones y zonas de la geografía nacional».
El Observatorio responsabilizó al Gobierno nacional porque «en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado».
Señalaron que la falta de respuestas institucionales a brotes de malaria en Apure, sarampión, difteria y VIH en Delta Amacuro y más recientemente por sarampión de los yanomamis en Amazonas, los hace aún más vulnerables.
«Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población. La situación descrita representa un peligro extremo para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus aportes extraordinarios –todavía poco conocidos– para un gran diálogo pluri e intercultural en pos de la salvación del Planeta».
Entre los casos más resaltantes señalaron la muerte de waraos por sarampión en Delta Amacuro y Amazonas, donde las cifras oficiales de la Organización Panamericana de la Salud hablan de 33 en el Delta, mientras que las autoridades venezolanas solo reconocen siete casos de yanomamis al sur del país.
A pesar de ello, la misma OPS «se encuentra en investigación otras 53 muertes notificadas en comunidades yanomami. Sin embargo, los testimonios in situ señalan que la cantidad de decesos puede ser aún mayor».
Mencionaron los casos de severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas «que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional».
No dejaron por alto la militarización de las comunidades indígenas de Amazonas y Bolívar o la migración de estos pueblos a Brasil, así como una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá.
Ante esto exigieron a los ministerios de Salud y de los Pueblos Indígenas, a la Defensoría del Pueblo, así como a la OPS en Venezuela a «dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas».
También pidieron a organizaciones sociales, a los académicos y a la opinión pública a visibilizar estos temas, además de pedir se contrarreste al auge de la minería ilegal en Amazonas y Bolívar.
«Los pueblos originarios constituyen una parte esencial de nuestra identidad y patrimonio como nación; son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país; y encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad».
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El Observatorio de Ecología Política de Venezuela alertó sobre la muerte de las poblaciones indígenas en el país, debido a enfermedades prevenibles o controlables como la malaria, difteria, sarampión y hasta el VIH que atacan a los pueblos aborígenes en estados como Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro.
Esta organización emitió un comunicado en el que destacó la desatención generalizada de la que son objeto los indígenas venezolanos, pero que en los últimos meses se ha convertido en un «acelerado deterioro de la salud pública entre los pueblos y comunidades originarias en distintas regiones y zonas de la geografía nacional».
El Observatorio responsabilizó al Gobierno nacional porque «en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado».
Señalaron que la falta de respuestas institucionales a brotes de malaria en Apure, sarampión, difteria y VIH en Delta Amacuro y más recientemente por sarampión de los yanomamis en Amazonas, los hace aún más vulnerables.
«Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población. La situación descrita representa un peligro extremo para la sobrevivencia de los pueblos indígenas y de sus aportes extraordinarios –todavía poco conocidos– para un gran diálogo pluri e intercultural en pos de la salvación del Planeta».
Entre los casos más resaltantes señalaron la muerte de waraos por sarampión en Delta Amacuro y Amazonas, donde las cifras oficiales de la Organización Panamericana de la Salud hablan de 33 en el Delta, mientras que las autoridades venezolanas solo reconocen siete casos de yanomamis al sur del país.
A pesar de ello, la misma OPS «se encuentra en investigación otras 53 muertes notificadas en comunidades yanomami. Sin embargo, los testimonios in situ señalan que la cantidad de decesos puede ser aún mayor».
Mencionaron los casos de severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas «que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional».
No dejaron por alto la militarización de las comunidades indígenas de Amazonas y Bolívar o la migración de estos pueblos a Brasil, así como una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá.
Ante esto exigieron a los ministerios de Salud y de los Pueblos Indígenas, a la Defensoría del Pueblo, así como a la OPS en Venezuela a «dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas».
También pidieron a organizaciones sociales, a los académicos y a la opinión pública a visibilizar estos temas, además de pedir se contrarreste al auge de la minería ilegal en Amazonas y Bolívar.
«Los pueblos originarios constituyen una parte esencial de nuestra identidad y patrimonio como nación; son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país; y encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad».
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