El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de los dirigentes Pedro Andrade y Hommel Torres que se produjo el pasado domingo 21 de septiembre.
En su cuenta de la red social X, calificaron estas detenciones como «un secuestro» al que responsabilizan a las autoridades de la gestión de Nicolás Maduro.
En su post dijeron Andrade y Torres los apresaron en el estado Táchira. Iban hacia Colombia desde el estado Trujillo, también en los andes venezolanos.
«La tarde del pasado domingo, #21Sep, fueron secuestrados Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia. Desde entonces, se desconoce su paradero e integridad física. Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata», aseguraron este martes 23 de septiembre.
Detenciones en Trujillo
En Trujillo detuvieron hace más de una semana al doctor y dueño de una clínica de esa entidad, Juan Torres, junto con su esposa Elizabeth Rodríguez. El gobernador de esa región, Gerardo Márquez (Psuv), lo ligó después en una supuesta «célula terrorista», por lo que también apresaron a un capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Javier Romero Briceño.
A los dos hombres los señaló de un presunto plan para asaltar una unidad militar trujillana, aunque no mostró pruebas de ello. Las autoridades, más allá de las declaraciones de Márquez, no han informado sobre los motivos de la detención de Torres, la señora Rodríguez ni el militar.
Antes, a la mamá y una hermana de Pedro Andrade también la detuvieron. Ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando comisiones policiales, según denunciaron testigos y familiares del hecho a la ONG Provea, llegaron a la casa del dirigente político. Al no encontrarlo arrestaron a la señora María Hernández, de 71 años, y a Liseth Andrade.
Este lunes, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU presentó su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanso en el país tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
El documento reveló cómo se continúa cometiendo el crimen por persecución política, las desapariciones forzadas de corta y larga duración, detenciones arbitraria, violencia sexual y de género contra presos y presas políticas, así como la complicidad del sistema de justicia en la violación de las garantías fundamentales de las personas que arrestan por motivos políticos.