Un decreto de “abandono presidencial” y cinco diputados en desafuero: así fue el año de la AN - Efecto Cocuyo

POLÍTICA · 29 DICIEMBRE, 2017 09:05

Un decreto de “abandono presidencial” y cinco diputados en desafuero: así fue el año de la AN

Texto por Ibis Leon | @ibisL

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El primer acto legislativo de Julio Borges como presidente de la Asamblea Nacional fue decretar el abandono de cargo del Presidente de la República. Así inició el Poder Legislativo el año 2017.

El 9 de enero, la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó un acuerdo que establece que el Jefe de Estado incurrió en acciones y omisiones que sitúan su desempeño al margen de la Constitución y, en consecuencia, abandonó su cargo.

Los diputados opositores respaldaron la moción, pese a las dudas de abogados constitucionalistas que señalaban que ejercer mal o inconstitucionalmente las funciones presidenciales no bastaba para declarar tal vacío de poder.

El Ejecutivo respondió amenazando con cárcel a todo aquel que intentara derrocar al Gobierno y acusó a la oposición de querer aplicar sanciones no previstas en la Constitución.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por su parte, dictaminó que el acto legislativo era nulo.

Dos días después, el diputado Gilber Caro fue arrestado violando su inmunidad parlamentaria bajo el alegato de que había sido sorprendido transportando armas de guerra. Una acusación que sus compañeros de partidos y diputados rechazaron y denunciaron que se trataba de una “siembra de pruebas falsas para inculparlo.

La directiva del Legislativo aprobó su segundo decreto para rechazar la violación de la inmunidad de uno de sus integrantes y ratificar la responsabilidad penal de los funcionarios que violen esta prerrogativa constitucional. Sin embargo, casi un año más tarde, Caro sigue privado de su libertad.

Las intensas protestas del segundo trimestre del año condicionaron la agenda legislativa que se centró en exigir elecciones libres, rechazar y desaprobar el decreto de estado de excepción y de emergencia económica que otorga poderes habilitantes al presidente Nicolás Maduro, denunciar la violación de derechos humanos y alertar sobre la escasez de alimentos y medicinas.

Los diputados asumieron un rol activo en las protestas acompañando a los manifestantes en las calles.

En medio de las manifestaciones, el 2 de mayo, fue apresado un segundo diputado: Wilmer Azuaje. Su compañero de partido y también parlamentario Tomás Guanipa denunció que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron “cuando estaba en una comunidad hablando con la gente”. Al igual que Caro, sigue arrestado.

El 8 de junio, la Asamblea Nacional destituyó al ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol. El acuerdo que fue respaldado por la plenaria de diputados establece que se aprueba un voto de censura contra Reverol “por las actuaciones perpetradas en violación de los derechos humanos de las personas que han participado en manifestaciones pacíficas durante los meses de abril, mayo y junio de 2017”.

El asalto al Parlamento

Un hecho inédito conmocionó a los gobiernos del mundo un mes después del veto a Reverol. El día de la conmemoración de la declaración del acta de independencia de Venezuela, grupos violentos afectos al oficialismo asaltaron la sede de la Asamblea, golpearon a diputados, secuestraron a trabajadores del Legislativo y a medios de comunicación y dispararon contra la estructura del Palacio Federal dejando a su paso las paredes del recinto ensangrentadas.

Asalto a la Asamblea Nacional en 15 imágenes #5Jul

Después del ataque, las sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra altos funcionarios venezolanos no tardaron en llegar. El 26 de julio dictaron medidas contra Néstor Reverol y 12 altos funcionarios, a quienes les congelaron todos los activos que tuvieran en Estados Unidos y prohibiendo a todo estadounidense hacer transacciones con ellos.

El contraataque de la AN fue nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el 21 de julio, en desconocimiento del Poder Judicial, al cual acusaron de ser el brazo persecutor del Ejecutivo.

Pero, tres días después, dos recién investidos como magistrados fueron detenidos y el resto se vio obligado a huir del país para evitar su encarcelamiento acusados de “traición a la patria”.

El bloqueo a todos los actos de la AN de un TSJ parcializado -a favor del Gobierno nacional- redujo la cantidad de leyes aprobadas de 15, en 2016, a solo dos en 2017. La Ley para la recuperación de activos y la Ley de Regularización de la propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares fueron los únicos instrumentos aprobados en primera discusión, muy por debajo del objetivo de la comisión consultiva que esperaba lograr 25 leyes en 2017.

La “plenipotenciaria” ANC

En el país se habían proclamado dos máximos tribunales cuando el Gobierno convocó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un poder instalado como “plenipotenciario” y “supraconstitucional“, sin que los venezolanos lo respaldaran a través de un referendo aprobatorio.

La Constituyente no solo usurpó el poder de legislar del Parlamento, que ya había sido limitado por el TSJ, sino que también le quitó espacios físicos como el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo –donde sesionan los constituyentes- y el Museo Boliviano donde actualmente funciona la Comisión de la Verdad de la ANC.

Emprendió, además, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, y aprobó el inicio de su enjuiciamiento.

Tras esta decisión, el político opositor pidió protección en calidad de huésped en la embajada de Chile donde permanece refugiado desde el 4 de noviembre.

Guevara se unió a Caro y Azuaje como parte de los diputados a los que se les violó su inmunidad parlamentaria en 2017. Pero también a los parlamentarios Renzo Prieto -detenido durante las protestas antigubernamentales de 2014– y al legislador oficialista Germán Ferrer, quien huyó del país junto a su esposa la fiscal general destituida-también por la ANC- Luisa Ortega Díaz, para evadir la cárcel.

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La cifra de diputados a los que se les violó la inmunidad parlamentaria aumenta si se incluye a los tres representantes de Amazonas que fueron electos en 2015 y a quienes el TSJ les impidió ejercer sus funciones en 2016, alegando un presunto fraude electoral, pasando por encima del Consejo Nacional Electoral (CNE) que los proclamó como ganadores.

Desde entonces, el estado Amazonas no tiene representación en el Parlamento y la repetición de la elección de estos diputados, que le otorgan la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea Nacional, tiene una mora de dos años.

Rechazo mundial

El logro más significativo que tuvo la AN en 2017 fue lograr el reconocimiento de más de 120 parlamentos del mundo y la conformación de un bloque de 12 países, denominado el Grupo de Lima, que ha manifestado activamente su condena a la actuación del Gobierno venezolano y han ofrecido ayuda humanitaria.

El Grupo de Lima está conformado por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Francia también han abogado en defensa del Poder Legislativo y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

Conozca el balance legislativo de 2017 aquí:

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Foto: Unión Radio

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