Tanto la Universidad Central de Venezuela (pública) como la Universidad Católica Andrés Bello (privada) decidieron no enviar el registro estudiantil al Consejo Nacional Electoral, como medida de protesta contra la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro para el próximo 30 de julio.
Ambas casas de estudios rechazaron el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y apoyan las acciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Autoridades de la UCV decidieron no enviar el Registro Estudiantil solicitado, mediante comunicación escrita, por Tibisay Lucena con el propósito de “implementar las bases comiciales para designar a los integrantes de la ANC inconstitucional”.
“A esa petición respondimos que, con base en los principios que rigen a esta Casa Docta y por nuestras convicciones civilistas, no podemos contribuir con procesos, legitimados por usted, que atentan contra la Democracia y confiscan la libertad y el principio de Soberanía popular”, respondió vía Twitter el secretario de la UCV, Amalio Belmonte.
Una decisión similar tomó José Virtuoso, rector de la Ucab, quien advirtió que no entregará los datos de los estudiantes para el subregistro de votantes sectoriales a la constituyente.
El padre José Virtuoso informó, en entrevista concedida a Unión Radio, que los estudiantes le solicitaron que no entregara el registro de estudiantes para, a su juicio, la inconstitucional consulta sectorial con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La constitución consagra el “Habeas Data”, dijo que “sobre este derecho se están sosteniendo los estudiantes para solicitarme esto. Además se mantienen profundamente en desacuerdo con la convocatoria a constituyente”, recalcó en el programa En Sintonía de Unión Radio.
Virtuoso indicó que dirigirán a una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) diciendo que no están facultados para entregar el registro, en apoyo a la solicitud de los estudiantes.
Indicó que apoyan las acciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz contra la constituyente, por lo que para ello, van a recoger firmas y a través de una comisión le entregarán una carta a la funcionaria.