El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), investigar las violaciones de derechos humanos que se registran en el estado Apure, como consecuencia del conflicto armado entre grupos irregulares y el ejército venezolano, que se vive desde el pasado 21 de marzo de 2020.
El organismo designado por la Asamblea Nacional (AN) de 2015, expresó este martes 6 de abril su preocupación por los ataques contra la población civil en La Victoria y El Ripial, así como la persecución y detención de periodistas y activistas de DDHH que intentan documentar lo que ocurre en la región.
«Solicitamos a la ONU y a la OEA designen un comisionado especial que in situ, constaten los hechos acaecidos, las detenciones de periodistas y activistas de derechos humanos y los graves atropellos, arbitrariedades y violaciones a las que han sido sometidos los pobladores de las zonas de La Victoria y El Ripial de la región del Alto Apure, así como la situación de los desplazados y refugiados que se encuentran en la zona fronteriza con Colombia«, señalaron a través de una resolución.
Desde el 21 de marzo, tienen lugar en la frontera con Colombia, en el estado Apure, un enfrentamiento armado entre soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y disidentes (frente 10) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Autoridades colombianas y ONG de DDHH estiman en 6.000 la cantidad de pobladores que han cruzado hacia el vecino país para resguardar su vida.
Aunque voceros oficiales, entre ellas el ministro para la Defensa del gobierno de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, destacaron que en esa población fronteriza viven 3.500 personas.
Advertencia a la Fanb
En el pronunciamiento de la Sala Plena se responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por las acciones y omisiones que afectan los derechos a la vida, integridad personal, de propiedad, libre comercio, a las comunicaciones de la población civil de la zona fronteriza.
«Miles de compatriotas venezolanos se han visto obligados a desplazarse forzadamente a la hermana República de Colombia y en vez de ser auxiliados por las autoridades venezolanas, son vejados, maltratados, despojados de los pocos bienes que poseen y desaparecidos forzosamente de sus hogares, apareciendo acribillados y con vestimenta militar», reza el comunicado.
En este sentido, acusó a organismos de seguridad de los ataques contra los habitantes de la entidad llanera y los instó a desconocer órdenes superiores que violen derechos humanos como lo ordena la Constitución nacional.
«Se ratifica que responderán penal, civil y administrativamente, según los casos, sin que les sirvan de excusas órdenes superiores, los oficiales generales integrantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional por los hechos acontecidos, en continua y sistemática violación a los derechos humanos, todo de conformidad con el artículo 25 de la Constitución nacional», advirtieron los magistrados.
El 26 de marzo fue denunciado el asesinato de cuatro integrantes de la familia Ramírez Remolina, en un presunto enfrentamiento con las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Posteriormente, el 31 de marzo, dos reporteros de NTN24 y dos miembros de la ONG FundaRedes fueron detenidos por la Guardia Nacional (GNB), incomunicados por más de 24 horas y expulsados de la región, en un intento de darle cobertura al conflicto.
«El régimen de Nicolás Maduro ha criminalizado el trabajo de defensa de los derechos humanos y el derecho a la información oportuna y veraz, con un autoritarismo desproporcionado, intimidando al gremio periodístico y a los activistas de derechos humanos», se cuestionó en la resolución.
Sobre las Faes el TSJ en el exilio exigió que se cumpla la solicitud manifestada por la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la eliminación de dicho cuerpo por considerarlo un grupo de exterminio.
Solicitamos a la @ONU_es y a la @OEA_oficial, designen Comisión Especial para investigar los hechos, detenciones de periodistas y activistas de DD.HH, y los crímenes que han sufrido los pobladores de las zonas de La Victoria y Ripial del Alto Apure #Venezuela pic.twitter.com/qPuPnO8OYx
— TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) April 6, 2021