Abogados consideran que la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender el proceso de totalización, adjudicación y proclamación de resultados electorales en el estado Barinas “no tiene asidero constitucional”.
Señalan que el recurso de amparo que usa la sala para detener el conteo de votos hace referencia a la supuesta inhabilitación del opositor Freddy Superlano (quien reclama la victoria como gobernador en la entidad) por parte de la Contraloría, una atribución que, aunque se le ha otorgado de facto al Contralor de la República, es inconstitucional.
El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General autoriza al Contralor a despojar a los ciudadanos de su derecho a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo. Esto contraviene el texto constitucional que, en su artículo 42, garantiza que solo una sentencia firme puede privar del ejercicio de los derechos políticos.
Desconocimiento a soberanía popular
Esta violación de la Constitución fue documentada por la misión de observación de la Unión Europea que se desplegó en todo el país para evaluar los resultados de los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.
“Esto es un desconocimiento de la soberanía popular expresada a través del sufragio y es la negación del derecho a la participación política de (Freddy) Superlano”, advierte el constitucionalista y profesor universitario Juan Manuel Raffalli.
El abogado señala que es un contrasentido que la sala que debe velar porque se cumpla la ley en los procesos electorales sea la que suspenda el acto de totalización: “Lo que debe ocurrir es que las juntas regionales, o en este caso la Junta Nacional Electoral, proclamen el ganador y luego se produzcan las impugnaciones del caso. Esto de evitar la totalización de dos actas es una medida desesperada para que no se proclame el resultado”.
“Los recursos contenciosos vienen una vez que se produce la totalización porque es ahí donde se producen los supuestos vicios”, agrega.
Mantener a los Chávez en el poder
Afirma que detrás de esta decisión está la pretensión de mantener en el poder al actual gobernador chavista Argenis Chávez por el significado simbólico que tiene el estado Barinas, cuna de Hugo Chávez, para el oficialismo.
Una semana después de las elecciones, los barinenses siguen sin conocer quién es su nuevo gobernador. La sustracción de tres actas, que se mantuvieron en control de miembros del Plan República, retrasaron la proclamación de la autoridad regional. Ante esta situación, los rectores principales del Consejo Nacional Electoral exigieron la entrega de los resultados, pero cuando estaban totalizando los votos, el Poder Judicial abortó el proceso.
“En Venezuela dice la Constitución que el poder reside en el pueblo, entonces, si el soberano decidió, no entiendo por qué esto queda en manos del Poder Judicial. Los derechos políticos no pueden ser suspendidos sino por sentencia judicial firme, las inhabilitaciones son usadas como un arma contra la oposición”, cuestiona el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
El constitucionalista Gustavo Manzó afirma que la decisión de la Sala Electoral “no tiene asidero constitucional”. “Hay un desconocimiento al proceso que estaba adelantando el CNE, con la designación de una comisión ad hoc para la totalización de los votos, la sala se pone en conflicto con otro Poder del Estado que es el Electoral en este sentido”, opina.
Sobre las inhabilitaciones, el profesor coincide en que las medidas que toma el Contralor “no están en nuestro ordenamiento jurídico”, “sobre esto se viene actuando, pero es inconstitucional”, dice.
“Esto es un hecho político no jurídico, el estado Barinas es donde se supone que era más fuerte el chavismo y perderlo es un golpe fuerte desde el punto de vista político”, añade.
Asume el presidente del Consejo Legislativo
Mientras se resuelve el vacío de poder en Barinas, la constitución del estado establece que es el presidente del Consejo Legislativo el que asumirá la gobernación hasta que se haga una nueva elección.
“Transcurridos 30 días sin que el gobernador electo tome posesión del cargo, el Consejo Legislativo del Estado declarará la falta absoluta y se convocará a nuevas elecciones”, establece el artículo 56 de la Constitución regional.
“Hay un vacío de poder y generalmente las constituciones de los estados establecen que es el Consejo Legislativo el que debe llenar la vacancia en caso de ausencia absoluta. Pero lo que creo es que ellos van a tratar de mantener a Argenis Chávez durante el tiempo que dure el proceso judicial. Quieren usar el Poder Judicial para que no se admita que Superlano ganó”, sostiene Raffalli.
En este sentido, considera que “no hay recurso jurídico que puede intentar el Consejo Legislativo o cualquier institución de Barinas porque es una decisión absolutamente política e impresentable”.