Dirigentes políticos y activistas de derechos humanos opinan que, ante los escándalos de corrupción detectados en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el contralor general designado por la Constituyente de 2017, Elvis Amoroso, «debería renunciar a su cargo», por haber omitido controles previos para prevenir el desfalco de los recursos públicos y por su «silencio» actual.
Públicamente, a través del canal del Estado, Amoroso solo se ha referido una sola vez a la trama de corrupción en el caso de Pdvsa y otros ilícitos en los que resultaron involucrados jueces y un alcalde. Tras las primeras detenciones y conocida la renuncia del para entonces ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, el contralor anunció la designación de directores generales de control de este organismo para apoyar las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público (MP).
El también exdiputado nacional por el chavismo omitió cifras sobre el daño detectado al patrimonio público, así como explicaciones sobre cómo y por qué se llegó a esa situación y por qué su despacho no actuó antes. En un breve discurso, además del anuncio, brindó «apoyo irrestricto» al presidente Nicolás Maduro, «por las valientes acciones para combatir estos hechos de corrupción, vengan de donde vengan, con el fin de depurar la administración pública de funcionarios corruptos».
También repudió que funcionarios al servicio del Estado utilizaran el patrimonio para enriquecerse ilícitamente.
«El contralor no hizo su trabajo»
«La Contraloría General de la República debe supervisar, verificar por ejemplo, si lo que se refleja en la Declaración Jurada de Patrimonio se corresponde con el nivel de vida que llevan los funcionarios, eso no se cumple porque a simple vista están los vehículos de lujo, celulares costosos. En el caso de Pdvsa la Contraloría no dice nada, solo que apoya al gobierno en la lucha contra la corrupción, las contralorías internas de las empresas fallaron y el contralor tampoco hizo su trabajo», señaló a Efecto Cocuyo, el abogado penalista y activista de DDHH, Joel García.
A juicio de voceros de ONG como Transparencia Venezuela y Provea, el «silencio» del contralor obedece a que como parte del Poder Ciudadano no goza de autonomía como lo ordena la Constitución y «solo responde a órdenes del Ejecutivo», aparte de no haber cumplido con su función, lo que deja a la institución muy mal parada en medio de la trama de hechos ilícitos y la «cruzada» anticorrupción del Ejecitivo.
«El Contralor de la República debe renunciar, lo he planteado públicamente. ¿Dónde estaba el Contralor ante estos hechos de corrupción? Eso muestra la ineficiencia» ha dicho el miembro de Provea, Marino Alvarado.
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, también ha advertido que la CGR no solo no verifica las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios sino que tampoco hace seguimiento a los informes de gestión, ni rinde cuentas él mismo de manera adecuada.
«No castiga, no sanciona, se queda callado y se convierte en un cómplice del incumplimiento de las instituciones del Estado» rechazó.
En un comunicado en septiembre de 2022, Transparencia Venezuela cuestionó que tras una inspección en obras y empresas del Estado como Pdvsa, Pdvsa GAS, refinerías y Arco Minero, la CGR no hablara de irregularidades pese a que el mismo ministro El Aissami denunciara un «megafraude» contra la estatal petrolera por 4.850.000.000, del que señaló al exministro, Rafael Ramírez.
PCV: Silencio atronador
Recientemente, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), exaliado del chavismo, también se pronunció en rechazo al desempeño del contralor frente a los casos de corrupción y tildó su silencio de «atronador».
«Hay silencios bastante esclarecedores. Una de esas bocas cerradas es la del titular de la Contraloría General de la República, quien apenas la ha abierto para manifestar su «apoyo irrestricto» a la lucha anticorrupción (¡del Ejecutivo!). Y nos preguntamos qué hacía Elvis Amoroso mientras la cúpula en la que dice depositar sus esperanzas saqueaba Pdvsa o la Corporación Venezolana de Guayana. Otra vez silencio», fustigó la tolda a través de un editorial en su semanario Tribuna Popular.
También cuestionó que sea el Fiscal General el que lleve la batuta en los escándalos de corrupción y a diferencia de Amoroso ofrezca «largas» ruedas de prensa. Según el artículo 289 constitucional, son atribuciones de la CGR instar al Fiscal «a que ejerza las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones», lo que no se ha visto en los recientes casos de corrupción.
Es la Policía Nacional contra la Corrupción, adscrita al Ejecutivo, la que detiene y posteriormente el Ministerio Público confirma, anuncia investigación e imputa a los señalados.
«Todo el mundo preguntándose donde está Tareck El Aissami pero la ausencia más escandalosa en toda esta trama de corrupción es la de Elvis Amoroso, el Contralor-florero», escribió la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez en su cuenta de Twitter.
¿Qué pasó con renovación del Poder Ciudadano?
Ante lo que ha sido la postura de Amoroso ha surgido la pregunta sobre si será sustituido en el cargo y si se aprovechará el proceso de renovación pendiente en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para nombrar a un nuevo contralor.
Tras la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se promovía en la AN la designación del Poder Ciudadano como parte de un proceso de «relegitimación» de poderes públicos tras las designaciones del contralor, fiscal y defensor del Pueblo que hiciera la Constituyente de 2017, asumiendo competencias de la AN de 2015.
Se esperaba que dicho proceso se iniciara tras nombrar a los nuevos magistrados del TSJ en abril de 2022 pero quedó en veremos.
«No está planteado ahora, ese proceso depende de la mayoría en la AN y esa mayoría no la tenemos nosotros (la Alianza Democrática)», dijo el diputado José Gregorio Correa (AD judicializada) a Efecto Cocuyo este 25 de abril.
Correa, quien formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales, declinó pronunciarse sobre si en la AN se manejaba la sustitución de Amoroso por la coyuntura actual y sobre su actuación ante los casos de corrupción develados.
«No tengo criterio al respecto sobre ese tema, soy un diputado más», expresó.