Sentencia es un “fraude” para manipular el sistema electoral, afirman constitucionalistas

POLÍTICA · 17 JUNIO, 2020 17:02

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Ibis Leon | @ibisL


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La Constitución prohíbe modificar “en forma alguna” la Ley electoral seis meses antes de cualquier elección en su artículo 298. Pero todo apunta a que esta garantía se incumplirá luego de que el máximo tribunal del país desaplicó 12 artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y ordenó al Consejo Nacional Electoral “asumir el desarrollo normativo” de los mismos en su sentencia N° 68.

Para el constitucionalista Juan Manuel Raffalli este fallo se traduce en una orden “velada” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para reformar la Lopre y “allanar el camino a una elección parlamentaria que satisfaga las pretensiones del régimen” de Nicolás Maduro.

“Esto es un fraude a la Constitución que dice que la Ley electoral no se puede cambiar con un mínimo de seis meses antes de una elección”, rechaza.

El abogado explica que la desaplicación de las normas no implica su anulación, por el contrario siguen vigentes aunque se haga uso de este recurso que es una potestad que tienen todos los jueces de la República.

“Si el TSJ desaplicó esas normas, significa que siguen vigentes, y el CNE no puede deformarlas, desnaturalizarlas ni sustituirlas porque la potestad reglamentaria nunca puede ir contra el espíritu, propósito y razón de la Ley”, agrega Raffalli.

Pese a esto, la Sala Constitucional ordenó a los nuevos rectores reescribir 12 artículos relacionados con el sistema de votación y la adjudicación de cargos. Con lo cual, según Raffalli, viola el principio de reserva legal (la redacción de leyes es materia del Poder Legislativo); excede la potestad reglamentaria; y anula normas de la Lopre de manera “velada” para sustituirlas por las que dicte el CNE.

El politólogo y constitucionalista Luis Salamanca coincide en que la desaplicación no deroga la norma. “Desaplicar significa que tu no aplicas en un juicio concreto determinada norma, los jueces están obligados a aplicar ese control difuso de la constitucionalidad para evitar que una norma se aplique en perjuicio de una parte en un juicio. Pero eso no significa derogarla, eso le corresponde a la Asamblea Nacional”, cuestiona.

El abogado critica la forma en la que se eligieron las nuevas autoridades electorales. En su opinión, el TSJ no solo usurpa potestades legislativas sino que además impide el derecho de la sociedad civil a intervenir en el proceso.

“Esta decisión oligarquiza la designación porque pone en manos de siete personas lo que deben aprobar 167 diputados más 10 representantes de la sociedad civil integrantes del comité de postulaciones que revisan las credenciales, entrevistan y validan a los candidatos. Aquí se resuelve por la vía rápida en un procedimiento sui géneris”, expresa.

Otra de las irregularidades que denuncia es que dos de las magistradas votaron por sí mismas para ser integrantes del Poder Electoral, estas son Gladys Gutiérrez e Indira Alfonso.

“Eso está al margen del derecho, esto ya no es derecho es simplemente una operación política sumamente autoritaria”, expresa.

Actos nulos

Juan Manuel Raffalli recuerda que la omisión legislativa no le da poder al máximo tribunal para usurpar las funciones del Legislativo.

“El 336 constitucional y el artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ dicen que  si hubiera una omisión el TSJ lo único que puede hacer es generar los lineamientos para su corrección; es decir, una lista de medidas para que la Asamblea Nacional fije fechas o incluso dar potestades mayores a la sociedad civil para que se produzca la designación, pero nunca designar directamente los rectores y menos de su propio seno”, argumenta.

Advierte que los actos emanados por una autoridad usurpada son nulos, según dicta la Constitución.

“La constitución no establece que la Sala Constitucional pueda tomar decisiones designativas en sustitución de la Asamblea Nacional, están usando la norma como un desaguadero de sus imposibilidades para tener unos rectores por vía de la negociación política en el Parlamento”, sostiene Luis Salamanca.

Aunque el artículo 336 de la Constitución, que establece la omisión, no contempla la designación de funcionarios públicos vía Poder Judicial, en los últimos 20 años, el TSJ ha designado cuatro directivas del CNE.

Más escaños con menos votos

Los magistrados sostienen que uno de los obstáculos para que se materialice la pluralidad política en las elecciones parlamentarias son los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenan aumentar el número de diputados que se escogen por lista en detrimento de los que se eligen nominalmente; es decir, por nombre y apellido.

La actual proporción de 70% para el voto personalizado y 30% para la representación proporcional “disminuye la posibilidad de que las organizaciones con fines políticos que no cuenten con la mayoría de las preferencias electorales, tenga mayores posibilidades de ocupar escaños en los órganos colegiados de representación política, lo que afecta al pluralismo político como valor superior del ordenamiento jurídico”, exponen en la sentencia.

Aunque los expertos consultados están de acuerdo con que la Lopre consagra la sobrerrepresentación de la mayoría (el partido que gana por un voto se lleva todos los cargos) y están a favor de una reforma, sostienen que la forma en la que el TSJ ordena la modificación de la Ley es inconstitucional y no busca favorecer un equilibrio real entre los factores políticos.

El politólogo y constitucionalista Luis Salamanca opina que con los cambios al sistema electoral el chavismo pretende garantizar su control en la Asamblea Nacional tras perder el apoyo popular.

“El sistema electoral que ellos mismos inventaron y que sobrerrepresenta a las mayorías no les sirve y tienen que buscar la manera de rendir los votos que tienen para obtener más curules”, opina.

El abogado explica que el sistema nominal garantiza el derecho a la personalización del sufragio porque el elector sabe por quién vota, pero favorece el sistema de mayorías en el que el ganador se lo lleva todo.

Mientras que el sistema proporcional da oportunidad a más partidos de obtener cargos, pero esconde en la tarjeta a candidatos en un orden preestablecido por los que el elector debe votar sin poder identificarlos.

“El sistema constitucional establece que debe aplicarse una fórmula donde ambos elementos estén en equilibrio para que pueda haber la suficiente expresión de las listas y representantes con nombre y apellido para que el elector también tenga la posibilidad de conocer a su candidato”, señala.

“Yo no estoy en desacuerdo con que se revisen esas normas y se le de estricto cumplimiento a lo que dice la Constitución en relación a la representación proporcional de las minorías. Lo que no dice el TSJ es que esas normas que desfiguran la representación proporcional las metió la propia revolución para tener una mayoría todavía mayor. Lo que pasa es que fueron víctimas de la sobrerrepresentación  en 2015, cuando ganó la oposición, y ahora quieren cambiarlo”, afirma el constitucionalista Juan Manuel Raffalli.

Agrega que están corrigiendo una falla para evitar la sobrerrepresentación y con eso lo que están es haciendo menguar el otro extremo que es el voto personalizado. “Las dos situaciones son inaceptables desde el punto de vista constitucional”, señala.

Las consecuencias de las decisiones judiciales son la abstención de los principales partidos de oposición y de gran parte de la población y la celebración de un proceso electoral ineficaz que no legitimará el ejercicio del poder, advierten los expertos.