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Las sanciones sectoriales (como se denomina a las medidas coercitivas económicas y financieras) afectan más a la población que al gobierno chavista y han demostrado ser poco efectivas para lograr una transición política hacia la democracia en Venezuela, concluyen el politólogo y director de la Asociación Civil Convite, Luis Francisco Cabezas, y el internacionalista y director de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), Geoff Ramsey.

En el foro Sanciones y derechos humanos en Venezuela, que se desarrolló este viernes 26 de febrero bajo la iniciativa del Centro para la promoción y defensa de los derechos humanos Defiende Venezuela, los analistas compartieron su opinión sobre el impacto de las sanciones individuales y económicas y evaluaron el rol de la relatora de las Naciones Unidas Alena Douhan junto al especialista en derecho internacional Simón Gómez.

“Las sanciones no son inválidas en sí mismas, pueden ser parte de una estrategia para volver a la democracia, pero hay que estudiar su utilidad en el contexto venezolano. Los estudios sobre el uso de sanciones económicas en el siglo XX han determinado que logran los resultados deseados en una minoría de casos, con una tasa de éxito de entre 10% a 34%”, señaló Geoff Ramsey.

El internacionalista subraya que el impacto negativo de estas medidas que afectan principalmente a la industria petrolera, al sector del oro, y al sistema financiero venezolano vulnera a la población mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha aprendido a surfearlas.

“Lo que veo es a un gobierno menos afectado que la población. Creo que con el tiempo ha aprendido a surfearlas y lo que me preocupa es que el efecto agravante en los venezolanos va a seguir sin ninguna respuesta. Los que proponen las sanciones sectoriales deben responder qué evidencia concreta hay para decir que han sido efectivas en lograr transiciones democráticas”, expone.

En su opinión, es un error que estos mecanismos se planteen para forzar una salida de Nicolás Maduro del poder antes de buscar impulsar un proceso de negociación que desemboque en una salida política: “Hasta ahora los que han dicho que no puede haber levantamiento de las sanciones sectoriales hasta que Maduro se vaya no han facilitado los procesos de negociación. Hay que usar las sanciones para obtener mejores condiciones electorales, decir que no vamos a negociar con Maduro hasta tener su cabeza en un plato no ha logrado nada”.

¿Incentivos?

Sobre las sanciones individuales, Ramsey considera que pueden tener más eficacia para presionar una negociación.

“Lo que sabemos, por los medios de comunicación, es que el exjefe del Sebin (Cristopher Figuera), quien huyó a Estados Unidos, participó abiertamente en los eventos del 30 de abril y ha dicho que la oferta del levantamiento de las sanciones individuales fueron un factor en su decisión. Los días previos al 30 de abril hubo dos personas que fueron eliminadas de la lista de sancionados de Estados Unidos: la esposa de Raúl Gorrín y la esposa de su supuesto testaferro, eso lo que implica es que la estrategia de Estados Unidos es utilizar estas sanciones para dar incentivos a actores del grupo de poder”, responde.

El politólogo Luis Francisco Cabezas considera que las sanciones han bloqueado la salida política en Venezuela. “Las sanciones no han tenido un efecto para hacer posible una negociación política, la efectividad en ese tema ha sido nula, se ha ido más bien trancando el juego, no se generan espacios como, por ejemplo, un CNE negociado. Creo que esto complica más la situación de tranca política que hay para la búsqueda de una salida negociada”.

Cabezas ve los acercamientos entre Fedecámaras y la Asamblea Nacional de mayoría chavista y las conversaciones entre la oposición que lidera Juan Guaidó y el ministerio de Salud de Maduro como pasos positivos. “En esa mesa para la implementación de las vacunas Covax se da un primer paso que es el reconocimiento y a partir de ahí se debe construir confianza”, señala.

Encuentro con la relatora

El director de Convite relató cómo fue el encuentro con la relatora de la ONU Alena Douhan. Destacó el trato distante que recibieron organizaciones de la sociedad civil.

“Resulta curioso la poca cercanía de la relatora. Lucía molesta en cuanto a que tenía una reunión posterior y debíamos apurar nuestros argumentos, algo que nos resultó a los presentes un poco antipático. Incluso nos marcaban el tiempo. No digo que eso esté mal, pero sentimos que había una predisposición”, expresa.

El politólogo detalla que Convite confirmó a la relatora que las sanciones impactan su trabajo en el país y tienen una afectación en la población. Sin embargo, destaca que la gran corrupción es la raíz de la emergencia humanitaria y ciertas medidas implementadas por el gobierno de Maduro “eran más perjudiciales que las propias sanciones”.

“Quisimos puntualizar cómo las medidas internas del gobierno impactaban más que las propias sanciones. Nosotros venimos monitoreando la escasez de medicinas desde 2016. Ese año y en 2017 y 2018 llegamos a registrar una escasez de medicamentos de incluso 90%, según un monitoreo en 14 ciudades del país. Sin embargo, en la gaceta 41.610 del 4 de abril de 2019 el gobierno flexibiliza la importación de medicinas al sector privado y da exenciones arancelarias, esto provocó que la escasez bajara a 56%, vemos entonces como el control que mantenía el gobierno sobre la importación de medicinas impactó más que las sanciones”, argumenta.

No obstante, las sanciones sí han afectado la economía porque han terminado de cortar el ingreso en divisas que necesita el Estado. Wola estima que han costado entre 17 mil millones y 31 mil millones de dólares en ingresos.

Sesgo metodológico

El especialista en derecho internacional Simón Gómez afirma que el informe preliminar de la relatora Alena Douhan exhibe “un sesgo metodológico” aunque aclara que es necesario conocer sus conclusiones finales que serán presentadas en septiembre de este año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“El sesgo es metodológico, en cuanto a la aproximación de los hechos, no es que la relatora tenga falta de independencia sino que naturalmente al solo mirar una arista, que son las sanciones, deja de mirar los otros aspectos que inciden en el deterioro de los derechos humanos de los venezolanos. El tema de la corrupción no se abordó con mayor detalle”, sostiene.

Gómez enumera al menos tres fallas metodológicas:

• 1.- No establece un análisis causal sobre el origen de la emergencia humanitaria porque aborda superficialmente las consecuencias de la corrupción de la que es responsable el gobierno venezolano.
• 2.- No establece una diferenciación entre sanciones individuales y económicas lo cual es inadecuado porque tienen consecuencias distintas en el disfrute de los derechos humanos de los venezolanos.
• 3.- No se presentan datos que cuantifiquen el impacto de las sanciones sobre los derechos humanos.

El abogado también menciona que en el informe se considera el bloqueo de recursos en el extranjero como parte de las medidas coercitivas cuando, a su juicio, esto obedece al reconocimiento político que asumen los estados de forma soberano respecto al gobierno de Maduro.

“La consecuencia del reconocimiento al señor Juan Guaidó no opera en el marco sancionador sino en el marco de reconocimiento del gobierno así que pareciera estar fuera del mandato de la relatora”, apunta.