Qué contemplan sanciones de la UE contra funcionarios de Maduro

POLÍTICA · 27 ENERO, 2020 14:35

Qué contemplan sanciones de la UE contra funcionarios de Maduro

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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El 13 de noviembre de 2017 el Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó una serie de medidas restrictivas contra Venezuela “en vista del continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país”, según recoge el mapa de sanciones de la UE.

Esas medidas se renovaron en 2018 y el pasado noviembre de 2019 se volvieron a extender hasta el 14 de noviembre de 2020 y contemplan prohibiciones a funcionarios de Nicolás Maduro.

Objetivo de las sanciones

Las medidas restrictivas adoptadas por la UE tienen como finalidad “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas” que encaminen a Venezuela hacia la estabilidad política de una forma “negociada y pacífica” y le permitan abordar las necesidades de la población, según decidió el Consejo de la UE.

Las restricciones están diseñadas para no dañar a la población y pueden revertirse dependiendo de la evolución de la situación en el país, en particular si se llevan a cabo avances creíbles y significativos como la adopción de un calendario electoral completo y la liberación de todos los presos políticos.

División de las sanciones

En el caso de Venezuela, las medidas restrictivas incluyen el embargo de las armas y del equipamiento de represión interna, además de la prohibición de entrada en la UE y la congelación de activos a 25 personas cargos oficiales del chavismo gobernante.

Las restricciones se dividen en:

1. Restricciones de la exportación

La UE prohíbe a los nacionales de los Estados miembros la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado que pueda utilizarse para la represión interna.

Asimismo, se prohíbe prestar a cualquier persona, entidad u organismo asistencia técnica o cualquier servicio relacionado con actividades militares y con armamento y material relacionado, incluida la financiación o asistencia financiera.

Esta prohibición no se aplica a la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2013, así como a la exportación de equipos militares no letales o que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección.

2. Restricciones de la admisión de funcionarios

La UE tiene prohibida el paso o la entrada en el territorio europeo a 25 funcionarios venezolanos considerados “responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos” y de “represión de la sociedad civil y la oposición democrática” en Venezuela.

El pasado 27 de septiembre, el Consejo de la UE realizó la última ampliación de esa lista, a la que se sumaron siete nuevos integrantes.

Entre las nuevas incorporaciones destacan los funcionarios Néstor Blanco Hurtado, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana hasta diciembre de 2017; Rafael Ramón Blanco Marrero, director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hasta diciembre de 2018, y Carlos Calderón, alto mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En la lista también se incluyó a dos agentes del Sebin, Rafael Antonio Franco Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares; al jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Alexis Enrique Escalona Marrero, y al director de Asuntos Especiales de la Dgcim, Alexander Enrique Granko Arteaga.

La UE también acordó inmovilizar los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a las personas cuya admisión fue restringida.

Pero en esta lista previa está incluida la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, quien en un viaje a Turquía hizo escala en Madrid, donde se reunió con el ministro de Transporte del gobierno español, José Luis Ábalos y generó un escándalo que no ha sido aclarado del todo por las autoridades del país, pese a la insistencia de la oposición de esa nación europea.

Contexto político

Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero de 2019, cuando Nicolás Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones del mayo anterior, no reconocidas por parte de la comunidad internacional.

El 23 de enero de ese año el opositor Juan Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país por considerar “ilegítima” la toma de posesión de Maduro.

Efe