El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, aseguró hoy que el Parlamento no tiene “legitimidad” para iniciar un proceso para destituir a los magistrados que dirigen el Poder Judicial. El magistrado afirmó que la Asamblea Nacional (AN) “carece de legalidad y legitimidad para remover a magistrados”, informó en un mensaje de la red social Twitter.
Maikel Moreno, Pdte. TSJ, dijo que en los actuales momentos la AN en desacato carece de legalidad y legitimidad para remover a Magistrados
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) April 4, 2017
Los diputados opositores al Gobierno nacional declararon que intentarán iniciar un proceso legal para remover de sus cargos a los magistrados que dirigen la Sala Constitucional del TSJ. Los asambleístas buscan emprender acciones contras los jueces que dictaron dos sentencias que dejaron sin competencias a la AN y habilitaron al Presidente de República para legislar.
El Gobierno nacional persiste señalar que la AN permanece en desacato y por tanto cualquier decisión que se tomen en el seno del Parlamento será declarada nula.
De acuerdo con la Constitución nacional, “los magistrados del Supremo podrán ser removidos por la AN mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano”.
Sin embargo, Moreno se pronunció nuevamente la tarde de este martes, 4 de abril, y subrayó que “el artículo 265 de la Carta Magna solo faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del TSJ”.
Maikel Moreno: el artículo 265 de la Carta Magna solo faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del TSJ
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) April 4, 2017
Aunque las sentencias fueron modificadas por el propio TSJ luego de que la comunidad internacional se pronunciara y de que la Fiscal General de la República rechazara la medida, la oposición ha insistido en que lo ocurrido debe ser sancionado por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo).
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, negó que se haya producido una ruptura del orden constitucional tras la decisión del Supremo de arrogarse la facultades del Legislativo. Aún la Contraloría General no se ha pronunciado a respecto.