La plataforma unitaria democrática de la oposición venezolana responsabilizó al mandatario Nicolás Maduro de la integridad física y seguridad de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien detuvieron el pasado viernes 9 de febrero.
En un comunicado que publicaron este lunes, 12 de febrero, la coalición opositora reiteró las denuncias de ONG nacionales e internacionales sobre la desaparición forzada de San Miguel, ya que no se conoce su sitio de reclusión, así como la violación al debido proceso desde que la aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía.
«Estamos en presencia de un caso de desaparición forzada, ya que a pesar, de que Tarek William Saab confirmara la detención, hasta el momento ningún cuerpo de seguridad ni ningún tribunal se ha hecho responsable de su custodia o seguridad», dijeron.
El documento se publicó horas antes de que el Ministerio Público, a través de su titular (Tarek William Saab), informó sobre la imputación contra San Miguel, su exesposo, dos hermanos, su hija y otra persona de su entorno.
«Hacemos responsable a Nicolás Maduro de la integridad de Rocío (San Miguel) y sus familiares, y exigimos la liberación inmediata de todos», expresaron.
Según la Fiscalía, San Miguel tenía una orden de aprehensión por su supuesta participación en una operación que el gobierno y el Ministerio Público llamaron «Brazalete blanco», que buscaba atentar contra la vida del gobernante Maduro.
Sin embargo, estas acusaciones son rechazadas por activistas y ONG de derechos humanos en Venezuela, que reiteraron que este tipo de medidas forman parte de un patrón del gobierno para perseguir, hostigar y encarcelar a defensores en el país.
La oposición calificó este hecho como «terrorismo de Estado», que a su juicio «confirma la pertinencia del expediente que cursa en la Corte Pena Internacional (CPI) en contra de Maduro y otros jerarcas del régimen».
De qué acusa el gobierno a San Miguel
A San Miguel la acusa la Fiscalía de «traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. A su expareja Alejandro González De Canales, por “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
Mientras que a su hija Miranda Díaz de San Miguel y los hermanos de la activista, Miguel Ángel San Miguel Sosa, Alberto San Miguel Quigosos y Víctor Díaz Paruta (militar retirado y padre de Miranda), también los imputaron la noche del lunes 12 de febrero, pero no especificaron los cargos.
Solo se dijo que pedirían contra ellas medidas cautelares; es decir, presentación periódica en tribunales.
Este martes, la Oficina de la ONU para Derechos Humanos expresó su preocupación por este caso, exigió la liberación inmediata de San Miguel y alertó de que se encontraba en desaparición forzada.