La reclamación interpuesta por María Corina Machado ante el TSJ no es una apelación a una inhabilitación, reiteró este domingo el abogado Perkins Rocha, ya que no existe una sentencia judicial firme de carácter penal que la imposibilite a participar en las elecciones previstas en Venezuela para 2024.
El asesor legal del comando de Machado explicó en la red social X que el reclamo y el amparo cautelar tampoco suponen la reconsideración de un acto.
«Mal puede reconsiderarse lo inexistente. Por el contrario, es una reclamación contra una vía de hecho que irregularmente produce efectos materiales que menoscaban el ejercicio de los derechos políticos de María Corina Machado, pues le impide asumir cabalmente el mandato a ella otorgado por los venezolanos el 22 de octubre e inscribirse ante el CNE como candidata presidencial», publicó Rocha este 17 de diciembre.
Se refirió la acción interpuesta por el diputado José Brito en octubre de 2023, por la cual el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender las primarias y afirmó que Machado estaría inhabilitada por 15 años, sin que hubiese acto administrativo formal alguno.
El jurista también publicó el documento que Machado introdujo el 15 de diciembre en la Sala Político Administrativa en protección de sus derechos constitucionales.
Sustentada en la Ley
Rocha afirmó que la acción jurídica de María Corina tiene «evidentes consecuencias políticas-constitucionales» y que se sustenta en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Citó a la Constitución del país que establece en su artículo 259 que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Además, recordó que la Sala Político Administrativa es competente para conocer las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades.
No obstante, no ofreció detalles sobre el tiempo que tiene el TSJ para responder al reclamo de Machado.
«Es el turno del régimen chavista. Le corresponde a Nicolás Maduro decidir si cumple o no con los compromisos de Barbados», expresó el abogado.