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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a seis personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro este martes, 25 de septiembre.

Entre los sancionados están cuatro funcionarios del Gobierno. La primera dama Cilia Flores; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez.

La lista también incluye al jefe de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca), José Omar Paredes; el hermano del también sancionado Rafael Sarría y directivo de las compañías Quintana Trading y Panazeate SL, Edgar Sarría.

Según la nota de prensa del Departamento del Tesoro, se les impuso la medida por su relación con los sancionados, miembros del Gobierno del presidente Nicolás Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

La Ofac también identificó un jet privado Gulfstream 200, número N488RC, localizado en Florida, Estados Unidos. Originalmente, Rafael Sarría había comprado el avión. Algunas compañías relacionadas con también han sido amonestadas.

Rafael Sarría fue sancionado el 18 de mayo de este año, acusado de ser el «testaferro» del primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, y de haber comprado propiedades en su nombre.

Entre las compañías sancionadas está Averuca, empresa de la cual Rafael Sarría es presidente. En 2008, el directivo compró un avión por aproximadamente 20 millones de dólares.

Quiana Trading Limited es una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que fue presidida por Rafael Sarría en 2009. Panazeate SL es la última empresa a la que se le impuso una sanción. Su dueño es Edgar Sarría y está ubicada en Valencia, España.

Fueron bloqueadas las propiedades de estas compañías en Estados Unidos. Se les prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer transacciones con estas empresas.

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven T. Mnuchin, aseguró que la institución continuará imponiendo sanciones a los responsables de la «trágica disminución» de Venezuela, así como la quienes integren las «redes» que utilizan para «enmascarar sus riquezas ilícitas«.