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La ONG Acceso a la Justicia exigió este viernes a las autoridades venezolanas que investiguen y sancionen a los responsables de la «tortura» del activista Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, quien ha sido «sometido a tortura, incluida psicológica», según denunció la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

«Exigimos no solo la liberación inmediata del compañero Javier Tarazona, una persona inocente que no cometió ningún delito, sino también la investigación y sanción de los responsables de su tortura», dijo Alí Daniels, director de la ONG.

Expresó que, con «mucha alarma vemos cómo en el informe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela se denuncia que el compañero Javier Tarazona ha sido objeto de torturas».

«Esto es gravísimo, tanto por el hecho de la tortura en sí, como porque esta persona ha sido arbitrariamente detenida y sus derechos han sido violados desde el primer día de su detención. Le ha sido negado la posibilidad de escoger a su abogado de preferencia», agregó.

Inicialmente, fue arrestado junto a su hermano Rafael Tarazona y el también activista Omar de Dios García, excarcelados posteriormente aunque también deberán ir a juicio. Todos están acusados de terrorismo e instigación al odio.

Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG Fundaredes.

Por otra parte, Daniels exigió que se preste atención médica a todos los presos «que no tienen acceso a medios mínimos que garanticen su salud», entre ellos Emirlendris Benítez, vinculada presuntamente con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, quien «ha sido objeto de tortura y se encuentra en silla de ruedas por falta de atención».

Este viernes, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, reiteró que «las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcances limitados y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel».

«Se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia», dijo la funcionaria. EFE

Foto: Archivo