El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) logró recoger decenas de denuncias de las cuales “las más significativas” estaban relacionadas con la presencia de puntos rojos en las cercanías de los centros de votación. Así lo informó Luis Lander, director de la institución civil que se ha dedicado a revisar los procesos electorales en el país.
La presencia de estos centros de apoyo a una determinada candidatura durante la elección del domingo 20 de mayo ocurrió en más de 80% de los centros de sufragio, que en total eran 14.384. “Esto es una violación a los acuerdos electorales firmados el 1 de marzo y también de la Ley Orgánica de Procesos Electorales pues son mecanismos de campaña fuera del lapso establecido”, indicó Lander.
En el artículo 75 de este instrumento legal se prohíbe la acción que no solo registró el OEV sino también la plataforma de denuncia ciudadana DenúncialoYA, activada por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la Red Electoral Ciudadana. Ellos registraron 74 irregularidades y 68% de ellas estaban vinculadas a la presencia de los puntos rojos a menos de 200 metros del centro de votación.
“Con estos puntos se intimida al elector. Se buscaba que las personas pasen por ahí para registrarlos en su base de datos con el carnet de la patria. Esto genera incertidumbre a la gente, no sabe si va a perder la ayuda de las misiones sociales del Gobierno si no pasa por allí”, explicó el director del OEV.
Agregó que los puntos rojos también eran utilizados este domingo 20 de mayo como centros de monitoreo, pues a través del registro del carnet de la patria podían saber quiénes no habían asistido a sufragar y así lo incitaban a votar.
“El Consejo Nacional Electoral (CNE) en las últimas elecciones ha deteriorado la calidad de las elecciones. No es que antes no existían los puntos de todos los colores cerca de los centros electorales, sino que se ha ido incrementando. Ahora se usa el carnet de la patria para saber quien votó y quien no y para la movilización“, indicó Lander.
En un análisis que realizó Eglee González Lobato sobre las infracciones y malas prácticas electorales, explicó que este tipo de acciones podría ser considerado un ilícito electoral por la Lopre en su artículo 126 que establece que “ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”.
Los puntos rojos en las inmediaciones de los centros electorales también pueden convertirse en un delito tipificado por la Ley Contra la Corrupción, vinculado al uso de fondos públicos para actos de campaña o para la jornada electoral, según los artículos 58 y 59 de ese documento legal. La condena sería tres meses a tres años de cárcel.
Sanciones en el pasado
Nunca ha habido penalización para los que incurren en estas acciones de campaña posterior al tiempo estipulado por el CNE. Al igual que la denuncia de los puntos de apoyo a un candidato a menos de 200 metros de un punto electoral, la coacción al voto por grupos afectos al Gobierno ha sido recurrente en los últimos sufragios. Pero tampoco ha habido sanción para los oficialistas.
En cambio sí lo hubo para los candidatos de la oposición que ganaron las curules del estado Amazonas en las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015. Lander recordó que los parlamentarios electos para ese estado fueron desproclamados por una denuncia de una supuesta compra de votos.
“En varias oportunidades el presidente Nicolás Maduro usó la expresión ‘dando y dando‘, queriendo decir que su Gobierno entregaba bonos, alimentos, medicinas y otras ayudas de su política asistencialista; a cambio de que la gente le diera el voto a la ‘patria’. Un eufemismo para que votaran por él”, destacó el especialista en materia electoral.
Cierre de mesas
A la lista de irregularidades reportadas por el OEV se suma el tardío cierre de las mesas. La Lopre establece que estos sitios deben cerrar a las 6:00 pm sino existen electores en cola. Este año, el lapso de tiempo se extendió arbitrariamente en algunos estados.
“Esto facilitaba que se produjera la movilización de electores que no hubiese votado, gracias a la información que recogieron los puntos rojos“, indicó Lares.
En la página del proceso de monitoreo del OEV quedaron registradas 33 incidencias en la categoría de “problemas en cierre, verificación o escrutinio“.
Una de ellas fue que a las 6:35 pm en el Grupo Escolar Rafael Napoleón Baute, ubicado en Petare (Miranda), ya no había electores en los alrededores pero el Plan República reabrió el centro electoral, bajo el alegato de que el CNE había extendido el plazo, pronunciamiento que nunca ocurrió.