Al menos cuatro acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso de activación de un referendo revocatorio evidencian que el ente no está trabajando imparcialmente ni al servicio de los ciudadanos, según denunció el Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
Primero, señalan que desde el 2 de mayo cuando recibió la solicitud, no trabajó con celeridad para llevar a cabo el resto de los pasos “sin motivos aparentes” y que llegado el momento de validar las firmas recabadas, no se informó a los firmantes acerca de cómo y dónde acudir para llevar a cabo este proceso.
En su nota de prensa, el OEV también denunció que el número y la ubicación de los centros de validación pareciera haberse establecido sin tomar en cuenta debidamente cómo se distribuían los firmantes, lo que generó colas, retardo y el que muchos se quedaran por fuera sin lograr validar su firma.
Además, señaló la imposición de validar el 1% de las firmas sería contabilizada en cada estado, aun cuando el Presidente de la República se escoge en una circunscripción nacional.
“No es políticamente saludable para el país que pueda quedar la sospecha de que el referendo revocatorio no pueda llevarse a cabo porque el Poder Electoral no hizo su mejor esfuerzo en esa dirección y que, por el contrario, lo dificultó”, se puede leer en el comunicado de la organización.
El OEV señaló que, aun en circunstancias adversas los ciudadanos fortalecen la opción democrática acudiendo a validar sus firmas y cumpliendo con un requisito impuesto por el CNE para ejercer un derecho consagrado en la Constitución Nacional. “El país debe celebrar que este proceso refrendario esté teniendo lugar, pues representa el respeto y respaldo a la vía pacífica y democrática para resolver la profunda crisis que, en diversos planos, vive nuestra sociedad”.
Para el OEV el Gobierno debe asumir el revocatorio como una herramienta ideada para resolver desencuentros políticos graves. “Se trata de un dispositivo institucional que forma parte del menú democrático incorporado en la Constitución de 1999 y que quienes se muestran partidarios de promoverlo no incurren en ninguna acción políticamente indebida que deba ser condenada u objeto de sanción alguna”.
La organización también señaló que realizar este proceso es necesario para el país y que todas las partes deben hacer lo necesario para que se lleve a cabo, sin importar la tendencia política, pues, sin importar los resultados que arroje, contribuirá a la preservación de la paz en el país y a dirimir las diferencias pacíficamente.