Apenas una semana antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral (CNE) precisó el número de máquinas de votación que serían distribuidas en más de 14.000 centros electorales a lo largo de Venezuela.
La auditoría predespacho —que simula el proceso electoral para comprobar que la totalización del sistema refleje la intención de los votos— permitió conocer que 29.662 máquinas de votación serán utilizadas en los comicios legislativos.
Todas son nuevas. Leonardo Morales, vicepresidente del CNE, afirma que cada máquina tuvo un costo aproximado de 2.000 dólares. La cantidad total de máquinas de votación distribuidas para las elecciones legislativas ronda, entonces, los 60 millones de dólares de inversión estatal.
El rector Morales indica que la anterior junta directiva del ente comicial acordó dos procesos de compra de los dispositivos a través de la compañía argentina Ex-Clé. El CNE no ha precisado la cantidad exacta de máquinas adquiridas, pero Morales ofrece un estimado de 30.000 dispositivos entre ambas operaciones.
Los términos de negociación en torno a la tecnología electoral no están claros. Una revisión de páginas web de organismos y empresas, de estadísticas de importaciones, gacetas electorales y actas de auditorías permiten corroborar que son pocos los detalles que se informan sobre la relación contractual entre el Estado venezolano y Ex-Clé.
Observadores acreditados, diputados de la Asamblea Nacional y candidatos manifiestan dudas sobre el origen de los productos que la empresa argentina provee, y consideran pertinente una investigación al respecto.
Por cierto, la máquina (el hardware) se puede comprar a través de Alibaba, el precio 363USD por equipo https://t.co/rBl71WyyU8
— Eugenio G. Martínez (@puzkas) October 9, 2020
El rector Morales aclara que los equipos llegaron al país, ensamblados, desde China. “La máquina de votación es una computadora. ¿Dónde venden esos componentes? En China, en algunas partes de Estados Unidos, Silicon Valley, en esos lugares”, explica.
En una presentación pública el 9 de octubre de 2020, el rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral, Carlos Quintero, describió el nuevo sistema como: “una arquitectura abierta, que es parte de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de este tiempo, para evitar tener dependencia de proveedores; y que esta tecnología abierta nos permita a nosotros encontrar los componentes que conforman la máquina en los mercados nacionales e internacionales sin tener dependencia de proveedores”.
Quintero presentó la máquina EC-21, como resultado de dos prototipos. “Es importante que el pueblo de Venezuela conozca que es una máquina diseñada en Venezuela, por técnicos venezolanos, por la experiencia que ha acumulado el Poder Electoral a lo largo de estos 20 años y desde 2004 que empezamos la carrera con el voto automatizado o voto electrónico”, expuso.
Además de traer el hardware (parte externa o física de la computadora) desde China, la empresa Ex-Clé también figura en el funcionamiento del software (programación interna del equipo). La pantalla de la máquina de votación muestra el nombre de la compañía Ex-clé Soluciones Biométricas.
“Ha habido mucha contradicción con respecto al origen de las máquinas”, dice Humberto Rojas, coordinador técnico de la Red Electoral Asamblea de Educación, acreditada como observador nacional de las elecciones parlamentarias. “Se habló de que las máquinas eran ensambladas en Venezuela, que el software era un software desarrollado localmente. Toda esa información se contradice en parte cuando se hace el proceso de auditoría desde la máquina, donde queda claro que el software es desarrollado por una empresa extranjera, o por lo menos le atribuye a ellos el nombre del software”, expresa.
“Que tú hagas el diseño y el prototipo en el país no significa que el ensamblaje sea en el país. Son cosas distintas. Yo puedo ensamblar un prototipo tomando en cuenta sugerencias o por iniciativas de ingenieros venezolanos, pero no necesariamente significa que se ensamblaron en el país”, plantea Aníbal Sánchez, analista electoral y candidato por lista del estado Miranda por la Alianza Democrática (que integran las organizaciones políticas Cambiemos, Esperanza por el Cambio, Avanzada Progresista, más las tarjetas de Acción Democrática y Copei).
“De hecho las máquinas que se utilizaban en el país no eran Smartmatic. Smartmatic lo que hizo fue un diseño, una arquitectura de una máquina, que ellos creían podía ser ideal. La máquina que se utilizaba en Venezuela era una máquina de fabricación de Olivetti, que es una empresa italiana”, recuerda Sánchez con respecto al proveedor anterior del sistema automatizado del CNE.
Rojas y Sánchez, sin embargo, coinciden en que el CNE no brinda suficiente información sobre el proceso de adquisición de las máquinas. “Como cualquier otro procedimiento del Estado, debería ser a través de una licitación pública. Se debería conocer ampliamente el origen de esa y de cualquier otra adquisición que haga el Estado, que tendría que pasar por los mismos canales regulares de supervisión”, enfatiza Rojas.
Una renovación inesperada
La página web del CNE expone que la automatización del voto fue impulsada en 1997 mediante la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, y luego fortalecida en 2009 con la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
La mayor proveedora de tecnología electoral de Venezuela era desde 2004 la empresa multinacional Smartmatic. El sistema automatizado estaba integrado por las máquinas de votación modelo Saes (Smartmatic Auditable Election Systems). La relación con esta compañía se acabó cuando voceros de Smartmatic denunciaron la manipulación de los datos de participación en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, celebradas el 30 de julio de 2017.
Desde ese año el CNE se planteó la renovación de la plataforma tecnológica del sistema electoral, según declaraciones de Indira Alfonzo, presidenta del organismo por designación del Tribunal Supremo de Justicia.
La actual junta directiva del CNE fue nombrada en el marco de una crisis institucional en la que el Gobierno de Nicolás Maduro y el TSJ desconocen al Parlamento nacional de mayoría opositora, sobre el que recae la facultad de designar al Poder Electoral. La Sala Constitucional del TSJ declaró omisión legislativa y escogió en junio de 2020 a los nuevos rectores.
La información oficial indica que la junta anterior del CNE, presidida por Tibisay Lucena, revisó en marzo de 2019 el inventario del estatus del parque tecnológico, con 49.539 máquinas de votación de diferentes modelos. La cuarta parte de estos aparatos (unos 13.554) estaba inoperativa, según un balance del CNE.
“Teníamos que reinventar, diseñar, una nueva solución electoral que se adaptara a las necesidades de nuestro país, de nuestro sistema electoral”, declaró Carlos Quintero, ratificado por el TSJ en el cargo de rector suplente y miembro de la Junta Nacional Electoral del CNE.
“Un primer contrato se hizo para adquirir cerca de 15.000 máquinas, para reponer las dañadas y otras obsoletas que se tenían antes. Después de ese contrato, se produjo el incendio y se procedió a adquirir el resto de las máquinas”, explica en referencia al suceso del 7 de marzo de 2020, cuando las llamas consumieron los almacenes del CNE en el sector Filas de Mariche, en el estado Miranda.
Tibisay Lucena, entonces presidenta del ente comicial, aseguró la pérdida de 49.908 máquinas de votación. Sólo 562 fueron rescatadas.
La junta directiva presidida por Lucena concretó un segundo contrato con Ex-Clé para la reposición de las máquinas quemadas, según explica Leonardo Morales, vicepresidente del CNE. No hay mayor información sobre las negociaciones.
La compañía argentina no figura en las secciones de “contrataciones públicas” y “proveedores” de la página web del ente electoral. Los registros públicos del CNE solo mencionan a los representantes de la empresa Ex-Clé S. A. como parte de los asistentes en actos de auditoría.
No hay máquinas de votación entre las importaciones realizadas por el CNE entre 2017 y 2019, según datos recogidos de las aduanas venezolanas por la base de datos internacional Importgenius. El ente comicial sólo importó diez millones de dólares en ese periodo, en productos vinculados a baterías y tarjetas de memoria.
El Estado venezolano apenas ofrece datos del comercio exterior hasta 2014, en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
Una compañía bajo sospecha
El Registro Nacional de Contratistas reporta que la compañía EX-CLE, S.A. está habilitada para contratar con el Estado venezolano. La ficha indica que la empresa no tiene domicilio en Venezuela, a pesar de que su página web expone la dirección de una oficina en Caracas, así como también otras dos en Argentina y Paraguay.
El portal digital ofrece servicios de biometría, servicios financieros digitales, automatización electoral y gestión y digitalización de documentos. La sección sobre sistemas electorales presenta únicamente experiencias en Venezuela, en comicios celebrados entre 2005 y 2018. Ex-Clé ha trabajado con el CNE en proyectos de digitalización y sistemas para validación de identidad, también conocidos como tecnología biométrica o “captahuellas”.
El nombre que aparece en las máquinas de votación no es la misma empresa habilitada por el RNC para contrataciones públicas. Ex-clé Soluciones Biométricas, C. A. presenta un número de Registro de Información Fiscal (RIF) diferente, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
“Esto no solamente se trata del derecho a la información sobre la parte técnica de un proceso electoral. El ciudadano venezolano tiene que saber en qué se gasta el dinero del Estado”, advierte Ivlev Silva, diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital. También integra el Observatorio contra el Fraude Electoral, creado por el Parlamento para documentar irregularidades en torno a los comicios legislativos. “Esto es parte del proceso de fraude, esto es parte de no dar seguridad al momento de participar en las elecciones”, considera Silva.
La Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó —reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países desde 2019— rechaza la realización de los comicios parlamentarios por considerar que no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar una contienda electoral justa y transparente.
Un grupo de diputados, que también se identifican como opositores a Maduro pero conformaron un Parlamento paralelo al liderado por Guaidó, defienden las elecciones. Franklyn Duarte, primer vicepresidente de esta otra Asamblea Nacional avalada por el TSJ, sospecha igualmente sobre la relación del Estado con Ex-Clé.
El también candidato a las elecciones —aspirante a la reelección por el estado Táchira— solicitó en agosto de 2020 la apertura de una investigación ante la Contraloría General de la República, en torno a la compra de nuevas máquinas de votación.
“Nosotros solicitamos la investigación pero no sabemos si se hizo o no se hizo. Nunca se nos notificó sobre ese tema”, explica el diputado. “Estamos en un país donde pregona la burocracia y no podemos hacer más que, por vía escrita, de manera institucional, seguir solicitando que se nos dé respuesta de qué arroja esta investigación”, agrega.
Humberto Rojas, coordinador técnico de la Red Electoral Asamblea de Educación, reconoce que la opacidad en torno a la procedencia de la tecnología electoral genera desconfianza. “Todavía estamos en la etapa en que un sector de la población confía más en el voto manual. Nosotros desde la Red hemos dicho que el voto electrónico, si se toman las medidas de seguridad adecuadas, es mucho más seguro, valga la redundancia, que el voto manual”, plantea.
“Hemos dicho justamente que esta tecnología hay que impulsarla, hay que auditarla, hay que supervisarla. Pero el que no se conozca el origen de la tecnología, que no se conozca quién desarrolló finalmente el software, que no se haya auditado de la manera exhaustiva como se aspiraba, hace que algunos decidan no acudir a la contienda electoral”, añade.
Con información de Ibis León