El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, dijo sobre la reciente modificación de los cargos contra responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, que esta nueva imputación lanza una señal a todos los agentes del Estado venezolano “que en su mayoría no comparten estas prácticas”.
“Lo importante en este momento es destacar es que se realizó esta audiencia de imputación en base a lo que estoy diciendo acá, donde el MP (…) se imputaron los delitos de homicidio calificado y tortura para sancionar este lamentable hecho, que lanza una señal muy clara a todos los agentes del Estado venezolano que en su mayoría no comparten estas prácticas”, dijo Saab en transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) este viernes 23 de octubre.
El pasado 9 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la reposición del proceso judicial contra los efectivos de la Guardia Nacional Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zárate Soto, imputados por la muerte del capitán de corbeta. El 20 de octubre, el Ministerio Público (MP) solicitó una audiencia de imputación para los dos funcionarios por el delito de homicidio calificado y tortura.
Aseguró que las víctimas de algún delito tienen la oportunidad de apelar una decisión y que “ahí actúa la justicia venezolana”. Recordó que Acosta Arévalo fue trasladado a las instalaciones de la corte marcial en Fuerte Tiuna para su audiencia de presentación. Luego su salud se agravó y fue trasladado al Hospital Militar. Después del deceso se hicieron las investigaciones y se detuvieron a los dos hombres.
Destacó el pronunciamiento de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien dijo que las imputaciones, son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura. Saab aseguró que “así va a seguir”.
Tráfico de drogas
Saab también anunció la detención del narcotraficante con alerta roja de la Interpol Eustacio Cirilo Córdova, el pasado 16 de octubre.
En transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) este viernes, Saab señaló que las operaciones de Córdova se desarrollaban en el oriente del país, sobre todo en los estados Sucre y Anzoátegui. Antes, aunque no se especificó cuando, fue a denunciar una extorsión ante el Ministerio Público (MP).
Los funcionarios le tendieron una emboscada para facilitar su captura y lo ubicaron por vía telefónica satelital en Charallave (Miranda). “Nos activamos con Interpol Caracas y Carabobo para que saliendo de Charallave fuese detenido como ocurrió el 16 de octubre junto a su pareja, quien es su cómplice”, dijo el fiscal designado por la ANC.
El pasado 30 de septiembre, funcionarios de la Policía de Anzoátegui acudieron a los alrededores de la finca La Inversión para verificar una denuncia sobre que en el lugar se encontraba un grupo de delincuencia organizada. Al ver que la policía se acercaba a la finca, hubo un enfrentamiento y los presuntos delincuentes huyeron por una zona montañosa.
Alerta roja
Los funcionarios entrevistaron a varios trabajadores de la finca e identificaron a los dueños: Eustacio Cirilo Córdova y su pareja, Carmen Rosa Gamboa. También ubicaron dos armas tipo fusil M16, dos cargadores y 579 municiones.
Se solicitó ante el el Juez 2º de Control de Anzoátegui, extensión El Tigre, orden de aprehensión contra Carmen Rosa Gamboa Salazar y Eustacio Cirilo Córdova por la presunta comisión de los delitos de tráfico de armas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Córdova tenía una alerta roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Fue enjuiciado en Francia en el año 1999 por tráfico internacional de drogas y sentenciado a 10 años de prisión. Estuvo encarcelado durante 4 años. Luego fue procesado en París en 2005 y condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas.
Se presume que el hombre lidera un cartel de narcotráfico llamado Los Maureles. El MP está indagando en las extorsiones que pudo haber hecho esta persona.
Extorsión
El 10 de octubre, su pareja denunció en Caracas ser víctima de extorsión por parte de funcionarios de la Policía de Anzoátegui. Según explicó Saab, como su pareja fue investigada por delitos en otro país, procedieron a retener a sus hijos y trabajadores para pedir dinero a cambio.
Estas denuncias se hicieron ante la dirección de investigaciones penales de la policía de Anzoátegui. Primero le pidieron 150 mil dólares, luego 80 mil y por último lo bajaron a 40 mil para liberar a las personas detenidas. Por esta razón, se solicitó orden de aprehensión contra el oficial Alexander José Ramírez Sánchez por el delito de concusión.