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La nueva imputación contra los acusados por la muerte del capital de la Armada Rafael Acosta Arévalo es para Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), “un paso parcial hacia la justicia”, aunque todavía cuenta con muchos cabos sueltos.

“El fiscal general Tarek William Saab cuenta con la mayor responsabilidad en el caso, sabiendo que la pena que había sido impuesta contra los presuntos responsables era muy baja. Asimismo, supo que la muerte del capital fue por tortura”, dijo el defensor de derechos humanos en una consulta realizada por Efecto Cocuyo.

Alvarado destacó que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, también es responsable con las irregularidades en el caso al “no velar por los derechos humanos y anular la sentencia en primer lugar”.

“El Defensor del Pueblo tuvo que haber impugnado la decisión del Ministerio y haber apelado la sentencia del juez que dictó la sentencia. Especialmente, cuando hay acusación de presunta complicidad de varios funcionarios para garantizar impunidad de los acusados”, resaltó.

Los efectivos de la Guardia Nacional Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate, adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron imputados por los cargos de “homicidio calificado con alevosía y tortura”.

Anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, había anulado la sentencia contra los funcionarios militares, sentenciados a seis años de presión, por presuntamente “atentar contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito”.

“Hay que preguntarse por qué el TSJ dicta esta decisión y ordena que el Ministerio Público realice nuevas imputaciones. Podemos asumir que fue por lo que refleja el informe de Determinación de Hechos de la ONU sobre el caso”, agregó Alvarado.

El escrito de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reveló que existen pruebas de «persecución y tortura» por parte de cuerpos de seguridad del Estado, como la Dgcim y la policía política Sebin.

#Venezuela: Las imputaciones por tortura contra dos militares por el asesinato del Capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura. Alentamos a Venezuela a tomar más medidas para erradicar la tortura y asegurar la rendición de cuentas.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 23, 2020

Militares acusados

Marino Alvarado también destacó que la nueva imputación aplicada contra los funcionarios castrenses relacionados en la muerte de Rafael Acosta Arévalo debe implicar responsabilidad a los altos funcionarios de la Fanb por involucrar caso de tortura.

“Iván Hernández Dala, director de la Dcgim, y Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, deben ser investigados por formar parte de la cadena de mando directa y son responsables de lo que ocurra en este cuerpo de seguridad. No creo que los funcionarios hayan actuado por su cuenta”, resaltó.

La organización Provea destacó que el asesinato mediante tortura del capitán Acosta Arévalo fue “resultado de una estructura criminal que convirtió las violaciones graves a los derechos humanos en una política de Estado, a tal nivel que hay motivos razonables para considerar se han cometido delitos de lesa humanidad”.

La imputación realizada hoy por tortura y homicidio contra los dos funcionarios del #DGCIM presuntamente responsables del asesinato mediante tortura del Capitán Rafael Acosta Arévalo, luego que el @TSJ_Venezuela anulará sentencia que los condenó a seis años de cárcel… pic.twitter.com/70mmUmqyIA

— PROVEA (@_Provea) October 22, 2020