La gerencia de Monómeros, filial de Pequiven en Colombia, demandó al dirigente opositor José Luis Pirela por considerar que genera “pánico económico” contra la empresa.
El opositor, integrante de la Comisión Delegada Legislativa que dirige Juan Guaidó, presentó una denuncia por supuestos hechos de corrupción contra la directiva de la compañía ante la Fiscalía de Colombia, el 25 de mayo.
Pirela ha sido uno de los más críticos con la gestión de Guillermo Rodríguez Laprea en Monómeros, a quien responsabilizó de suscribir un contrato con una empresa panameña de nombre LionStreet Corp S.A en el que cedía el 60% de las ganancias a este socio.
“El señor Pirela acude a infamias y calumnias causando un enorme perjuicio al buen nombre de Monómeros. En dignificación de los que se ha logrado, Monómeros anuncia que el pasado 26 de abril inició acciones penales contra el delito de pánico económico contra el señor José Luis Pirela”, dijo la empresa en un comunicado que refiere el medio Crónica.Uno.
La Fracción 16 de julio, que integran diputados de la Asamblea Nacional de 2015 entre ellos Pirela, rechazó la demanda contra el político.
“Rechazamos que los miembros de la junta directiva de una empresa del Estado venezolano, como lo es Monómeros, quienes se encuentran seriamente cuestionados e investigados por el Parlamento venezolano por la presunta comisión de delitos penales, se atrevan a denunciar penalmente a un diputado de la Asamblea Nacional”, dijeron en un comunicado.
Activos “están fuertemente amenazados”, advierten funcionarios del gobierno interino
Así mismo, destacaron que Pirela tiene inmunidad parlamentaria. En este punto, es preciso recordar que el Parlamento de 2015 se mantiene por el reconocimiento de Estados Unidos y otros gobiernos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Los integrantes de este Legislativo argumentan que las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 fueron un fraude y, por lo tanto, siguen siendo la Asamblea Nacional legítima.
La Fracción 16 de Julio también se pregunta qué fondos serán utilizados para demandar al diputado, “ya que se puede inferir que está utilizando el dinero del Estado venezolano para evitar que un diputado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales”.
La Superintendencia de Sociedades de Colombia intervino la empresa por incumplimiento de protocolos de transparencia para evitar blanqueo de capitales y otras irregularidades.
Claves sobre Monómeros y por qué el manejo de este activo pone en entredicho al gobierno interino
Adicionalmente, fuentes del gobierno interino aseguran que la junta ad hoc de Pequiven desacata las instrucciones de Guaidó sobre la restructuración de Monómeros.
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Pirela ha sido uno de los más críticos con la gestión de Guillermo Rodríguez Laprea en Monómeros, a quien responsabilizó de suscribir un contrato con una empresa panameña de nombre LionStreet Corp S.A en el que cedía el 60% de las ganancias a este socio.
“El señor Pirela acude a infamias y calumnias causando un enorme perjuicio al buen nombre de Monómeros. En dignificación de los que se ha logrado, Monómeros anuncia que el pasado 26 de abril inició acciones penales contra el delito de pánico económico contra el señor José Luis Pirela”, dijo la empresa en un comunicado que refiere el medio Crónica.Uno.
La Fracción 16 de julio, que integran diputados de la Asamblea Nacional de 2015 entre ellos Pirela, rechazó la demanda contra el político.
“Rechazamos que los miembros de la junta directiva de una empresa del Estado venezolano, como lo es Monómeros, quienes se encuentran seriamente cuestionados e investigados por el Parlamento venezolano por la presunta comisión de delitos penales, se atrevan a denunciar penalmente a un diputado de la Asamblea Nacional”, dijeron en un comunicado.
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Así mismo, destacaron que Pirela tiene inmunidad parlamentaria. En este punto, es preciso recordar que el Parlamento de 2015 se mantiene por el reconocimiento de Estados Unidos y otros gobiernos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
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La Fracción 16 de Julio también se pregunta qué fondos serán utilizados para demandar al diputado, “ya que se puede inferir que está utilizando el dinero del Estado venezolano para evitar que un diputado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales”.
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