Monagas: La disidencia es perseguida con medidas judiciales

POLÍTICA · 21 OCTUBRE, 2018 19:27

Monagas: La disidencia es perseguida con medidas judiciales

Texto por Ronny Rodríguez Rosas | @ronnyrodriguez

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Carlos Báez estaba con un grupo de activistas juveniles del partido Voluntad Popular en Maturín el 24 de octubre de 2016. Eran las 10:00 de la noche y en la pasarela de la avenida Libertador, que comunica el oeste con el este de la capital de Monagas, se disponían a colocar una pancarta en apoyo al referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro.

Por esos días la oposición monaguense era una de las más entusiastas en el proceso de recoger las firmas necesarias para lograr que el Consejo Nacional Electoral (CNE) activara la consulta popular que está establecida en la Constitución venezolana de 1999, y permite a los ciudadanos revocar el mandato de cualquier funcionario elegido por votación popular al cumplir la mitad de su periodo.

Cuatro días antes un tribunal de control de la entidad suspendió el proceso de recolección de firmas, alegando que hubo fraude.

Esa noche Báez fue sorprendido por un contingente de guardias nacionales que llegó a la avenida. Mientras a sus amigos les dio tiempo de correr y subirse a un vehículo, el joven quedó rezagado y fue detenido por los efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) que hace parte del Comando de Zona 51 Monagas de la Guardia Nacional Bolivariana.

“Cuando me capturaron fui golpeado, me subieron a una que llaman perrera (unidad militar de la guardia) con presos comunes que habían caído en un operativo. Me lanzaron al piso junto con los demás. Ellos iban sentados en sus asientos y tenían los pies sobre nosotros”, relata el joven que a finales de 2017 salió del país, primero a Ecuador y después a Perú donde se encuentra en la actualidad.

Báez fue reseñado al día siguiente como un “terrorista”. El entonces jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral Monagas, Elías Moreno Martínez, lo acusó de querer alterar el orden público. Su aprehensión se produjo pocos días antes de la llamada “Toma de Venezuela” a la que convocó la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática en todo el país, en respuesta a la acción de suspender el revocatorio.

En los medios impresos de Monagas, Báez fue reseñado a las 48 horas de su detención con bombas molotov, cauchos y otros implementos. Ninguno de esos artefactos los tenía cuando lo apresaron, pero así apareció en una fotografía que circuló en varios periódicos regionales.

Lo que pasó desde su detención hasta que lo liberaron, a los cinco días, fue un patrón que en otros casos se registró en Monagas durante las protestas que hubo también en el año 2017 en la capital del estado: siembra de bombas molotov, granadas u otras armas de guerra y acusaciones de terrorismo.

Báez fue golpeado la noche del 24 de octubre de 2016, los guardias lo dejaron frente a un paredón del Destacamento al final de la avenida Bolívar; toda esa noche los militares que pasaban por ese lugar le dieron con los puños y lo amenazaban con trasladarlo a la cárcel de La Pica, donde están presos que pagan condena por diferentes delitos.

Le tocó dormir con presos comunes que lo llamaron “El guarimbero” y en los interrogatorios querían que señalara a dirigentes regionales y nacionales de Voluntad Popular como responsables de hechos de violencia.

La audiencia de presentación correspondía dos días después de su detención, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). El jueves 27 de octubre, un día después de lo previsto, lo llevaron al Circuito Judicial Penal. Allí lo mantuvieron por 16 horas, desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, pero no hubo audiencia.

Pudo tener derecho a la defensa con representantes de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Se enteró de que le querían imputar delitos como terrorismo, asociación para delinquir y otros dos que lo obligarían a permanecer en la cárcel.

El fiscal de su caso era un familiar lejano y el viernes 28 de octubre fue imputado por alteración del orden público y obstrucción de vía pública. No le otorgaron libertad plena. Por el contrario, le obligaron a presentarse en un tribunal cada 45 días. Este proceso lo cumplió por año y medio, a pesar de que a los seis meses debía ocurrir el acto conclusivo de su causa.

Cada mes y medio, religiosamente, Báez acudió al Tribunal 2 de Control de la Circunscripción Penal del estado Monagas para presentarse. Dos veces durante año y medio intentó, con la abogada que lo defendía, solicitar que se avocaran a su causa, pero en el juzgado no le dieron respuesta a la petición.

Fuera del país, Báez dice que, a diferencia del resto de los casos, no le prohibieron salir de Venezuela ni tampoco declarar a los medios de comunicación, por lo que cuando pudo emigró, en vista de la crisis económica, política y social que vive la nación.

El Faro: vecinos presos, casas allanadas y prohibición de manifestar

Ocho meses después, las protestas continuaron en Monagas como en el resto del país. Mientras Carlos Báez debía continuar presentándose en tribunales, las detenciones arbitrarias, las acusaciones a priori e imputaciones que restringen a los afectados la movilización o participación en actividades políticas, se mantuvieron.

Hernán Vizcarrondo es un líder en la urbanización El Faro, en la Zona Industrial de Maturín. En ese complejo de ocho condominios donde viven 2.000 familias, ha presidido la junta de macrocondominio que ha impulsado las mejoras de este conjunto y normas para una mejor convivencia entre los propietarios.

En 2017, las protestas antigubernamentales contra Nicolás Maduro que comenzaron a finales de marzo y se prolongaron hasta agosto, también se dieron en Maturín.

A las afueras de El Faro, un grupo de vecinos se apostaba en las noches y cerraba una de las vías de acceso, quemaban cauchos y hasta colocaron unas cruces en representación de los jóvenes que a lo largo de esos meses murieron, víctimas de la represión de los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro.

El trabajo de Vizcarrondo, un hombre de 70 años, dentro del urbanismo, generó diferencias con seguidores del chavismo en el complejo habitacional, lo que fue aprovechado por un funcionario público que vive en la zona para responsabilizarlo de liderar las protestas que se formaban casi a diario en la avenida principal de la Zona Industrial.

El 5 de junio de 2017 en la tarde llegaron guardias nacionales, uniformados de la Policía del estado Monagas. Iban en motos y convoyes militares. En una especie de razzia atropellaron a mujeres, hombres y adolescentes que encontraban a su paso.

Entraron sin orden de allanamiento y en clara violación a la propiedad privada se metieron a la fuerza y amenazaron a los vigilantes de cuatro de los ocho condominios. Se llevaron presas a 13 personas, entre ellas a Vizcarrondo y a seis adolescentes que posteriormente liberaron.

Como en el caso de Báez, la acusación del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, Elías Moreno Martínez, fue la misma: tenían en su poder “armas de guerra” y citó entre ellas 50 miguelitos, bombas molotov, morteros artesanales, teléfonos y radios.

Me sacaron de mi vivienda sin orden de allanamiento. Me llevaron a mí y a un vecino que estaba conversando conmigo. Fue de sorpresa, estaba con mi esposa y el vecino. El comandante del grupo decía que debían llevarme a mí”, relata, un año y cuatro meses después del hecho.

Junto a él, detuvieron a Douglas Cedeño (39), Gustavo Montcourt (39), Jhonatan Henríquez (25), Daniel Manaure (22), Luis José Rolda (21) y Freiber Morillo (20). Pero a diferencia de lo ocurrido con el activista juvenil de Voluntad Popular, a este grupo se lo llevaron a una zona conocida como La Carpa, en la cárcel de La Pica, el Internado Judicial del estado Monagas.

“Estuvimos tres días tirados en el piso, con trato infrahumano. Esposado de mi mano derecha con la mano izquierda de otro vecino”, recuerda. La presentación ocurrió 24 horas fuera del lapso de dos días que debe darse cuando detienen a una persona.

Durante la presentación en el Tribunal Primero de Control, a los siete los acusaron de obstrucción de vías públicas y alteración del orden público. El supuesto intento de quemar un camión de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que iba al urbanismo, y que fue uno de los principales argumentos esgrimidos por la autoridad militar en Monagas para apresarlos, no apareció en la acusación.

“Me tienen prohibido participar en manifestaciones fuera de la urbanización, no puedo hacer actividades. Así me tienen frenado, estoy expuesto a que me lleven preso”, dice Vizcarrondo. Debe presentarse cada 15 días en los tribunales, aunque no tiene limitación para moverse dentro del país.

El dirigente vecinal resalta que cinco de los siete acusados salieron del país, después de que les violentaran sus derechos. Lo paradójico es que ninguno de ellos estaba protestando cuando ocurrió su detención.

“Se me cobra que yo en una oportunidad enfrenté a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que querían usar el club como una seccional del partido. De allí me comenzaron a fichar porque me opuse a que se tomara el club para cuestiones políticas”.

Después de que detuvieron y presentaron en tribunales a Vizcarrondo, su esposa fue despedida de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde trabajó por 20 años y ejercía un cargo de dirección en la División de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Un año y cuatro meses después de estos hechos, el tribunal no se avoca a la causa, por lo que continúa yendo a presentación a pesar de que debió ser juzgado en un lapso de seis meses.

Preso político y sin derecho a declarar

Las protestas en Monagas, aunque no mostraron la misma fuerza que en el centro del país, sí mantuvieron el formato de represión a la disidencia, lo que no solo afectó, como en el caso de Hernán Vizcarrondo, a dirigentes vecinales o líderes comunitarios.

El docente universitario Yoel Bellorín, dirigente político del Movimiento Progresista de Venezuela, también fue apresado en la protesta masiva a la que acudieron los maturineses el 19 de abril de 2017.

Desde cinco puntos de la ciudad, partidos políticos, ONG y miembros de la sociedad civil atendieron la convocatoria para concentrarse entre las avenidas Bolívar y Juncal. Pero la Guardia Nacional Bolivariana impidió que las movilizaciones confluyeran, con piquetes que apostaron en varios accesos a las dos vías.

Bombas lacrimógenas y una ballena de la Policía del estado Monagas fueron usadas para disuadir a los manifestantes a partir del mediodía de ese 19 de abril. La jornada dejó 18 personas detenidas. En su mayoría eran trabajadores y amas de casa que iban a sus trabajos o de regreso a sus casas, pero que no estaban protestando, como más adelante lo denunció el Foro Penal Venezolano.

Bellorín, que sí estaba en las protestas, fue apresado en la avenida Bolívar con la calle Sucre, justo después de que un grupo de dirigentes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática entregó un documento en la Defensoría del Pueblo.

Una imagen sirve como referencia. El docente de la Universidad de Oriente (UDO) núcleo Monagas es llevado a la fuerza por un guardia nacional. La versión oficial de su aprehensión no coincide con el lugar donde dicen que lo detuvieron ni con las supuestas armas que después “le sembraron”.

En un comunicado oficial, la Guardia Nacional dice que lo agarraron en la avenida Juncal de Maturín, con un bolso donde supuestamente llevaba bombas molotov, una granada, un chaleco y varios cauchos, para incriminarlo de liderar grupos violentos.

El entonces jefe del Desur, hoy en día coronel y director de Polimonagas, Jonny Jesús Berroterán, fue quien reprimió a los manifestantes y ordenó el arresto de Bellorín, que quedó recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Maturín. Lo acusaron de tenencia de artefactos explosivos, instigación pública y posesión ilícita de arma de guerra.

Durante cinco meses estuvo en calabozos, pese a ser diabético y sufrir de hipertensión. El 18 de septiembre le dieron arresto domiciliario, le prohibieron declarar a los medios de comunicación y tenía que tener apostados funcionarios policiales para vigilar que no incumpliera esta medida cautelar. También debe presentarse cada 30 días en el Tribunal Quinto de Control.

Fue considerado por el Foro Penal capítulo Monagas como el primer preso político en el contexto de las protestas ciudadanas en esta región. Después de detenerlo, para darle libertad a Bellorín le propusieron que incriminara en hechos de violencia a dirigentes políticos monaguenses como los exgobernadores Guillermo Call y Luis Eduardo Martínez, y en especial a María Corina Machado.

Al negarse a esto, la justicia retardó su proceso y desde entonces espera por la audiencia de presentación, pese a que transcurrieron un año y seis meses de su aprehensión.

En cada uno de los casos la justicia ha restringido la libre circulación de los acusados, existe retardo procesal y los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Nacional Bolivariana, en cada uno de estos testimonios ha usado la violencia, el exceso de la fuerza, amenazas e intimidación, así como prohibir la libre expresión de los ciudadanos como es el caso de Bellorín o no permitirle a Vizcarrondo participar en manifestaciones.

Sin revocatorio

Pero en Monagas las restricciones abarcan a un número mayor de ciudadanos. El 20 de octubre de 2016 el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en una concentración del chavismo en Maturín, anunció la suspensión del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en esta entidad.

Un tribunal de control decidió admitir las denuncias de militantes del PSUV, a quienes supuestamente les falsificaron las firmas y este juzgado junto a otros en Carabobo, Bolívar, Apure, Trujillo, Zulia y Aragua (donde había gobernadores del oficialismo), hicieron lo mismo, lo que impulsó al CNE a suspender la recolección de firmas en todo el país e impedir que se hiciera la consulta popular.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, señaló que estas medidas tomadas por tribunales penales sin competencia electoral significaron una violación al derecho constitucional a la participación política de todos los venezolanos, porque no solo fueron esas siete entidades, sino el resto del país el que se quedó sin asistir a una consulta porque el CNE la suspendió.

Los tribunales en ninguno de los casos, como Monagas, han emitido una decisión. No ha comprobado quiénes falsificaron firmas ni ha determinado responsabilidades, porque en este caso el CNE pasó las denuncias a las fiscalías de esas entidades, donde debieron acusar individualmente, pero no hubo nada más allá de las denuncias y la suspensión del revocatorio.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha constatado, mediante sus últimos informes sobre el caso venezolano, que durante las protestas del año 2017 las detenciones arbitrarias fueron una práctica de los organismos de seguridad del Estado.

El informe del organismo de junio de este año resalta que esta es “una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. Sin embargo, estas detenciones han sido más selectivas que durante el período de las protestas masivas. Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas”, que, como en los casos de Monagas, se enfiló contra activistas sociales y políticos.

Incluso, como lo dice la Oficina, “en algunos casos fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas o torturadas, y, según se informa, fueron acusadas sin fundamento de haber cometido crímenes”.

El profesor Yoel Bellorín forma parte de una lista de 17 docentes universitarios que registra Aula Abierta como detenido de forma arbitraria por participar en manifestaciones.

Tres periodistas de LaraMonagas y Táchira retratan los esfuerzos de ciudadanos y organizaciones frente a las adversidades que les presenta en la país, para mantener en pie sus acciones comunitarias, políticas y hasta para cumplir con sus oficios.

Lo hacen en colaboración con Sinergia y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) que tuvieron la tarea de documentar casos de restricciones de participación social en el país.  Este último trabajo abordó la realidad del estado Monagas.

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