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A 26 días de conocerse el conflicto armado en la frontera apureña, continúa el despliegue de contingentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las detenciones arbitrarias, según activistas de derechos humanos.

El director de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, confirma a Efecto Cocuyo el sobrevuelo de aviones militares en Guasdualito, estado Apure, y la movilización de tanquetas en las zonas limítrofes de Táchira.

“Pudiéramos estar frente a un cese al fuego por acuerdos previos. Tuvimos información sobre dos reuniones, una ocurrida al sur de Táchira, y otra en Apure, entre los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de quienes ejercen el poder en Venezuela”, afirma Tarazona.

El profesor universitario no mencionó la presencia de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana en la frontera, ordenada por el gobernante Nicolás Maduro, pero sí subrayó el aumento de la presencia militar en las zonas de Corralito y La Victoria, en Apure.

Alerta que productores agropecuarios han recibido advertencias de la guerrilla colombiana de retirarse del lugar donde residen lo que parece indicar que los enfrentamientos se van a extender y van a incrementar los desplazamientos forzados; sin embargo, ha habido un cese de las detonaciones en los últimos días, según documenta FundaRedes.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró el traslado de 26 personas detenidas al Centro Penitenciario de Occidente, en la población de Santa Ana (Táchira); por mandato de un tribunal militar con sede en Guasdualito, el martes 13 de abril.

El abogado activista de derechos humanos y miembro de Provea Marino Alvarado manifiesta preocupación porque entre los detenidos haya campesinos e incluso personas con discapacidad.

Alvarado ha denunciado lo que llama “la masacre de El Ripial” que es el asesinato de cuatro integrantes de una misma familia y otra quinta persona que fueron detenidas en la población de La Victoria y horas después presentadas como guerrilleros muertos en enfrentamiento.

Los familiares denuncian que los inocentes asesinados fueron detenidos en La Victoria por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y sus cuerpos aparecieron en la población de El Ripial, ubicada a tres kilómetros de distancia.

“En un contexto en el cual se han producido crímenes de lesa humanidad desde el 2014, la masacre de El Ripial agranda el expediente que lleva la Corte Penal Internacional y reafirma las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas”, argumenta Alvarado.