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La administración de Nicolás Maduro solicitó este jueves 2 de julio abrir una investigación contra las personas que participan en el «robo» del oro venezolano en el Reino Unido, tras anunciar que apelará el dictamen que le impide a su gobierno acceder a las reservas del país depositadas en el Banco de Inglaterra.

«Maduro, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo, de piratería, del oro venezolano», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien agregó que la Procuraduría General de la República también prepara «acciones internacionales».

Más temprano, el Tribunal Superior británico determinó que la administración del líder opositor Juan Guaidó, a través de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), podía acceder legalmente a las reservas de oro del país en el Reino Unido tras reconocerlo “inequívocamente” como “presidente interino constitucional”. Se trata de 31 toneladas de lingotes con un valor de 1.300 millones de dólares.

En compañía de Calixto Ortega, presidente del BCV del gobierno de Maduro, del canciller Jorge Arreaza y del procurador Reinaldo Muñoz, Delcy Rodríguez respondió calificando la decisión como «absurda, errónea y extravagante». Además, indicó que es una acción que pretende validar acciones «dirigidas apoderarse de los recursos de Venezuela».

Rodríguez afirmó que Vanessa Neumann, representante de Guaidó en el Reino Unido, es una «es una agente estadounidense» que pretende pagar el «reconocimiento político» del Reino Unido a Juan Guaidó con oro venezolano y con la «entrega del Esequibo».

«Enmascara en realidad un proyecto para despojar a Venezuela en ‘conchupancia’ y complicidad con el gobierno de Estados Unidos y Reino Unido para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Son formas novedosas, atípicas que sustituyen a la guerra convencional», expresó.

La vicepresidenta indicó que el gobierno de Maduro pretendía acceder al oro venezolano para obtener recursos para «atender la situación humanitaria» ante la pandemia de COVID-19, por lo que indicó que las acciones de la representación opositora y la decisión del tribunal son «delitos de exterminio».

«Negar el oro de Venezuela para atender la pandemia es cometer delitos de exterminio. Es atentado de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Esto debe sumarse a nuestra denuncia ante la Corte Penal Internacional del daño que se le está haciendo al pueblo venezolano», dijo.