El malestar que causa en el gobierno de Nicolás Maduro las últimas declaraciones de funcionarios de la administración de Estados Unidos, que amenazaron con revertir la flexibilización de sanciones económicas en el área petrolera y gasífera, aflora en cada discurso de los distintos voceros del chavismo.
En la última semana, las amenazas de respuestas «enérgicas» y los descalificativos hacia actores estadounidenses arreciaron en declaraciones del propio Maduro y de funcionarios como el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez.
Aún así, Miraflores no abandona las negociaciones directas con la Casa Blanca ante la premura por la necesidad de recursos financieros provenientes del mercado internacional a los que no tiene acceso por las medidas restrictivas que obedecen, según señalamientos de EEUU, a violaciones de derechos humanos y socavamiento de la democracia en Venezuela.
¿Qué hay detrás de las aparentes contradicciones entre lo que dice y hace Miraflores respecto de la administración estadounidense?
Discurso electoral
«Una cosa es el discurso electoral, con el que se comunican con su adeptos, donde hablan de la no injerencia extranjera, pero por otro lado hay que tener presente que el candidato es el propio presidente de la República, por lo que en los manejos económicos responden a su condición de gobierno. El propio financiamiento de una campaña electoral, que vendrá acompañado de un enorme gasto social para captar votos, requiere mantener un flujo de ingresos para financiarse», expresó la politóloga Paola Molina Noguera.
Durante su discurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maduro, tras recalcar que EEUU es un imperio que quiere dominar a Venezuela con la complicidad de la oposición, aseguró que aún se mantiene en el diálogo porque es su «obligación, deber y convicción» y que nadie lo sacará de ese camino.
«Don imperio y doña pataleta (María Corina Machado) dijeron: los tenemos, son nuestros, no entienden gestos de diplomacia, respeto a la Constitución y a la paz, dialoguemos y resolvamos lo que se tenga que resolver en respeto a la Constitución (…) No se equivoquen, ni con el pueblo, la FANB, no al chantaje, no a la violencia, no a los apellidos, no al imperio norteamericano, no se equivoquen con Venezuela», fustigó.
Así Maduro pareció responder al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, quien reiteró este 30 de enero que ese país no renovará las licencias otorgadas al petróleo y gas venezolanos que expiran el 18 de abril de 2024, al considerar que Miraflores violó los Acuerdos de Barbados tras la inhabilitación del TSJ a la candidata presidencial opositora, María Corina Machado.
«No hay que dejar de lado, que ya EEUU también entra en un ambiente electoral de cara al proceso de noviembre, donde allí se van a mover intereses que les resulte rentable electoralmente, por eso vemos la amenaza con regresar sanciones y la presión a que se cumpla el Acuerdo de Barbados, es importante para el partido Demócrata la conquista del voto latino, y la presión sobre gobiernos como Nicaragua, Cuba y Venezuela les puede ser rentable electoralmente en estos momentos», añadió Molina Noguera.
El dilema de ser reconocido
Otra razón para que Maduro no se levante de la mesa es que lleva años tratando de limpiar su imagen en el exterior, al buscar reconocimiento de gobiernos, para lo que también le sirve dialogar y ganar tiempo. Molina Noguera indicó que garantizar la permanencia en el poder, que estaría en riesgo si permite elecciones libres, lo mueven a asumir el costo de las sanciones y el desconocimiento internacional.
Ante la sentencia del TSJ contra Machado y a la par de la amenaza de reimposición de sanciones por parte de EEUU, países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, el Partido Popular de España, Francia, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) han expresado preocupación por las condiciones en las que se realizarán las presidenciales en Venezuela.
«Ahórrense el lapso (18 de abril) yanquis de mierda porque la decisión soberana que tomó la Sala Político Administrativa del TSJ en la activación de un mecanismo elaborado en el marco del acuerdo de Barbados que fue redactado con la delegación opositora de la Plataforma Unitaria Democrática, señala que debe respetarse la decisión cualquiera que fuera (…) Esa decisión del viernes seguirá siendo la misma el 17, 18, 19 de abril y todo los días del año 2024 y 2025 porque es cosa juzgada», dijo esta semana Jorge Rodríguez.
Durante la sesión ordinaria de este martes 30 de enero, la AN de 2020 aprobó un acuerdo «en rechazo a cualquier forma de ultimátum por parte de los Estados Unidos de América en contra de la Integridad y Soberanía de Venezuela».
¿Escenario 2018?
En respuesta la preocupación internacional por las elecciones en Venezuela y el rechazo a la sentencia del TSJ contra Machado, Rodríguez convocó a una «consulta nacional» para elaborar y proponer un cronograma electoral de las presidenciales al Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo que se teme una convocatoria apresurada de dichos comicios con escasas garantías democráticas.
Ante los magistrados del TSJ, Maduro también felicitó a Rodríguez por «hablarle claro» tanto a EEUU como a la oposición venezolana.
«Quedan claros los caminos. Un escenario electoral como el de 2018 prácticamente sin participación de la oposición por no existir condiciones, que sugiere que el gobierno haga caso omiso al Acuerdo de Barbados, un escenario como el de Nicaragua donde el gobierno saca de la jugada a toda la oposición», estimó la politóloga.
Sin embargo, no descarta del todo, que la presión internacional, principalmente de EEUU, al mantenerse Maduro tanto en el contacto directo como en la mesa de Barbados para buscar levantamiento de sanciones, pueda mover el tablero hacia mayores condiciones de participación de la oposición con o sin la candidatura de Machado, que pasa, subrayó, porque cese la persecución política y se permita la presencia de observación internacional en los comicios.