La mujer puede resultar discriminada a la hora de calificarse la gravedad de los delitos cometidos en su contra en medio de violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. El alerta fue lanzado por  Noemí Pérez, investigadora doctoral enfocada en el acceso de las mujeres a los mecanismos de justicia transicional de la Universidad de Londres.

Basada en experiencias de otras naciones, la investigadora venezolana pidió tener este aspecto en consideración a la hora de iniciar el proceso de sanciones a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y reparación a las víctimas en nuestro país.

La experta, quien participó en el Foro Chevening de Justicia Transicional organizado por la Embajada Británica,  se refirió por ejemplo a la necesaria reinserción social de las mujeres venezolanas víctimas de prostitución forzada durante su experiencia de migración, producto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

“Las violaciones a derechos de las mujeres son menos visibles que las de los hombres. Las mujeres tienden a sufrir conflictos y el impacto de la crisis de una manera diferente; por ejemplo, en violaciones de carácter sexual y reproductivo se les obliga a usar métodos anticonceptivos, embarazos, abortos y esterilizaciones forzadas, que son ignorados por la justicia”, dijo Pérez.

Añadió que esto sucede “a pesar de que estos crímenes tienen consecuencias de por vida. La separación entre tortura y violencia sexual está basada en estereotipos. Lo típico es que mientras los hombres son torturados por motivos políticos, las mujeres son violadas por el hecho de serlo, pero es que puede ser parte de la tortura, dependiendo de la intención y cómo es cometido el crimen, es importante un experto en género en el proceso”, subrayó.

Otra causa de que las mujeres no fueran tomadas en cuenta en la justicia transicional, de algunas naciones que ya pasaron por eso, es que no se les consultó previamente si fueron víctimas de un crimen y porque sintieron temor a participar en procesos complicados.

Resaltó que los afectados por crímenes no exigen necesariamente reparación económica, sino reconocimiento del hecho por parte del victimario y la garantía de que situaciones similares no vuelvan a repetirse contra nadie.

Equilibrio

Pérez también hizo énfasis en que el proceso de justicia transicional debe involucrar en todas sus fases tanto a las víctimas como a aquellos sectores con ideología políticas contrarias, en el caso venezolano del chavismo y de la oposición.

“La justicia transicional no debe ser monopolizada por un partido político. Es necesario permitir la pluralidad”, dijo.

Tampoco puede permitirse, acotó, que los delitos tomados en cuenta a la hora de llevar a juicio a los perpetradores tengan que ver únicamente con violaciones de derechos humanos, sino con la corrupción y sus consecuencias sobre el país.