La politóloga y doctora en ciencias sociales María Puerta Riera considera que la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordena “suspender todos los efectos” de la primaria, pone en riesgo el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales suscrito en Barbados el 17 de octubre pasado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición.
“Esto es una amenaza para la sostenibilidad del acuerdo. (Nicolás) Maduro envía una muy mala señal de su voluntad de adherirse a lo acordado”, afirma Puerta Riera.
La profesora advierte que de materializarse las represalias contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, quienes fueron citados por el Ministerio Público en calidad de investigados, el gobierno mostraría la intención de acabar con el acuerdo y darlo por terminado.
El acuerdo político establece en su primer punto que: «Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley».
Judicialización de la primaria
Para Puerta, la judicialización de la primaria evidencia que la coalición gobernante hizo un mal cálculo en cuanto al impacto que tendría esta elección.
“El gobierno quizás apostaba a que las rencillas internas de la oposición iban a perjudicar la primaria y a que la consulta no fuera concurrida. Sin embargo, ese cálculo les falló, la gente salió a votar por una candidata a la que legitimó como líder de la oposición”, evalúa.
En su opinión, la reacción del gobierno contra el acto ciudadano del 22 de octubre va a amalgamar a la oposición: “La gente no va a aceptar de manera dócil que el gobierno intervenga un proceso legítimo y legal de la oposición».
Además, destaca el papel de Estados Unidos en el proceso de negociación. “Maduro está probando hasta dónde puede llegar, está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de Estados Unidos. Esto puede traer consecuencias muy severas”, afirmó.
El acuerdo entre Miraflores y la Casa Blanca implica concesiones político-electorales a cambio de un “alivio” de las sanciones en materia petrolera, minera y de gas.
La Sala Electoral del TSJ también exigió la entrega de los cuadernos de votación, las actas de constitución de las mesas electorales, las papeletas de votación, las actas de escrutinio y de totalización, entre otros documentos que contienen los datos de los participantes.
Esto revive temores relacionados con el uso de la data electoral para la retaliación política. “Envían un mensaje de persecución y reedición de la Lista Tascón, lo que es gravísimo”, expresa.
La politóloga estima conveniente que la oposición “cierre filas” en torno a María Corina Machado. “La oposición tiene que estar unida en torno a María Corina Machado, porque ese fue el resultado de una consulta amplia donde participaron casi 2 millones y medio de venezolanos que expresaron su decisión de acompañar el proceso, pero además se mostraron de acuerdo con legitimar a María Corina como su representante”, expresa.
También deben persistir en la ruta electoral. “El gobierno está azuzando no solo a la división en la oposición, sino a la provocación para justificar la represión”, concluye.