Jorge Arreaza manifiesta que Venezuela se apega al Acuerdo de Ginebra

POLÍTICA · 18 DICIEMBRE, 2020 17:23

Arreaza reitera que desconocen competencia de la CIJ en disputa por el Esequibo

Texto por Efecto Cocuyo | @efectococuyo

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Después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre Guyana y Venezuela, el canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, respondió con un comunicado en el que reiteró que el país se apega al Acuerdo de Ginebra de 1966 para dirimir la disputa por el territorio Esequibo.

El alto tribunal de la ONU decidió, por 12 votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia, tal como informó la agencia de noticias EFE.

Arreaza respondió a esta decisión al leer un comunicado, a través de la televisora estadal Venezolana de Televisión, donde indicó que la administración de Maduro se apega al Acuerdo de Ginebra y proponen retomar las negociaciones bilaterales entre Venezuela y Guyana.

Venezuela repudia el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia y reivindica la vigencia del Acuerdo de Ginebra”, dice parte del comunicado en el que Arreaza afirma que el Acuerdo de Ginebra es “la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial”.

Reiteró que el Esequibo le pertenece a Venezuela y abogó porque exista un entendimiento entre ambas naciones. “Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la  República Cooperativa de Guyana, en apego al derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que mandata a ambas partes a resolver esta controversia de manera pacífica”.

La historia

La disputa fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado que se votó en París en 1899.

El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.

La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de “buenos oficios” que se prolongó en 2016 y que “no condujo a la solución de la controversia”, dijo el juez Yusuf.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó en 2018 que el caso se resolviese en la CIJ, razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.

Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de este viernes, pero el gobierno de Maduro argumentó, a través de la Cancillería, que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.

El juez Yusuf dijo que en el Acuerdo de Ginebra consta que ambos países “confirieron al Secretario General de la ONU la autoridad para elegir, a través de una decisión vinculante, los métodos para la solución de su controversia”, y que entre los medios a su alcance estaba recurrir al tribunal con sede en La Haya.

Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados, pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.

Mar petrolero

La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio. La petrolera tiene oficinas en Guyana y negocia las condiciones para la extracción de los recursos.

El Gobierno de Nicolás Maduro emitió en 2015 un decreto presidencial con una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.