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El Gobierno de Guyana entregó una solicitud a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que pide al tribunal que valide legalmente el Laudo Arbitral de 1899, relacionado con la disputa fronteriza con Venezuela por la región de Esequibo, informaron fuentes oficiales.

La solicitud prosigue a la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en escoger a la CIJ como la mejor opción de resolver dicha controversia.

En la solicitud al tribunal, Guyana resalta que Venezuela reconoció consistentemente y dio validez por más de 60 años a la orden jurisdiccional.

Venezuela presentó en 1962 ante la ONU una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta.

Pero Guyana asegura en un comunicado publicado este viernes, 30 de marzo, en el sitio web de la Cancillería, que Venezuela nunca ha mostrado evidencia para justificar el rechazo al laudo, lo que «ha usado como excusa» para ocupar territorio ofrecido a Guyana en 1899, «inhibir al país vecino de su desarrollo económico y violar su soberanía y derechos soberanos».

En 1966, se firmó el Acuerdo de Ginebra, según el cual la zona es controlada por Guyana aunque su soberanía era disputada por Venezuela. Desde entonces la disputa se mantiene.

Dos días antes de que Guyana pidiera la resolución del conflicto a La Haya, el Gobierno venezolano envió una nota diplomática a su homólogo para alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial por el Esequibo a través del reinicio de las conversaciones.

A continuación el comunicado íntegro enviado por Venezuela:

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores informa al Pueblo venezolano, y a la Comunidad Internacional, que el día 28 de marzo de 2018, se envió una Nota Diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, sentando posición respecto a la misiva del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, del 30 de enero de 2018, en la que propone el arreglo judicial como método de solución pacífica de la controversia territorial que mantiene nuestro país con Guyana, como consecuencia de que el Laudo arbitral de 1899, sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica, es nulo e írrito.

Al respecto, se ha hecho del conocimiento de las autoridades guyanesas que la República Bolivariana de Venezuela desestima el contenido de la mencionada misiva, y así se le hizo saber al Secretario General de la ONU el 25 de febrero de 2018, por cuanto excede las competencias que le fueron otorgadas por la figura de los Buenos Oficios, mutuamente convenida por las partes, y contraviene el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela ha informado que objeta expresamente el arreglo judicial como medio de solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ya que violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece, taxativamente, que la controversia debe ser “amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”. El precitado método vulnera, del mismo modo, el Artículo I, dado que no conduce a “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.

Igualmente, se ha reiterado al gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia, resulta inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y en este sentido, ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contenga cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte.

Finalmente, y para avanzar en la escogencia, de mutuo acuerdo, del método de solución pacífica de la controversia, bajo la égida del Acuerdo de Ginebra de 1966, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha propuesto al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial.

Dichos contactos permitirán, adicionalmente, evaluar de manera conjunta la conveniencia de continuar con la figura de los Buenos Oficios, bajo el auspicio del Secretario General de la ONU, todo ello en un contexto de cordialidad y de diálogo constructivo y pacífico.

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