Novo Banco aún debe decidir sobre fondos venezolanos congelados

 Dirigentes de la oposición pidieron este jueves usar los activos de Venezuela que fueron desbloqueados en el Novo Banco de Portugal a favor de los ciudadanos más pobres, bien sea a través de bonificaciones o destinando el dinero -cerca de 1.500 millones de dólares- al fondo que Naciones Unidas se comprometió a crear para el país.

El exgobernador y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles propuso desembolsar un bono de 150 dólares a cerca de 6,5 millones de trabajadores y pensionistas que, según sus cálculos, son el total de personas que reciben el salario mínimo mensual fijado por el Ejecutivo en 130 bolívares, equivalente hoy a unos cuatro dólares.

«Ese dinero tiene que llegar a los venezolanos», insistió a través de Twitter el político, que competirá en las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que se definirá al abanderado que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.

Por su parte, el exjefe del Parlamento Juan Guaidó subrayó que este dinero «debe ir al fondo social», una instancia aprobada en noviembre pasado por el Gobierno y la oposición en el proceso de negociación que mantienen en México y que hasta ahora no se ha creado.

Guaidó -que se autoproclamó presidente interino del país en 2019 con el reconocimiento de unos 60 países- considera que la existencia de este dinero «evidencia la protección de los activos» que mantuvo el «gobierno interino» que él encabezó hasta finales de 2022, cuando la mayoría de la oposición votó para ponerle fin.

Según el Gobierno de Maduro, el dinero, equivalente hoy a 1.489.616.659,94 millones de dólares, debe ser devuelto a instituciones como el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sobre la que pesan sanciones económicas.

Novo Banco confirmó hoy a EFE la veracidad del fallo judicial, pero precisó que no puede proceder a liberar los recursos hasta que sean aclaradas ciertas «dudas» sobre el proceso, relativas «a la representación legal de las entidades públicas venezolanas». 

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