Mientras continúan combates en norte de Gaza, Israel anticipa que pronto atacará el sur
Los palestinos que evacuan hacia el sur de la Franja de Gaza, avanzan por la calle Salah al-Din en Bureij, 18 de noviembre de 2023. Foto: EFE/HAITHAM IMAD

El gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de sumarse a la petición de otros países para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue los ataques israelíes a Gaza.

Este domingo, 19 de noviembre, la Cancillería publicó un comunicado en el que rechaza «la masacre perpetrada por el sionismo israelí en la escuela Fakhoura, de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestino), ubicada en el campo de refugiados de Jabaliya al norte de la Franja de Gaza, durante la mañana de este sábado 18 de noviembre de 2023, que dejó más de 200 víctimas mortales en su mayoría niños», dice el texto.

Agregaron que se suman a la petición de Sudáfrica, Bangladesh, Bolivia, Comoras y Djibouti ante la Corte Penal Internacional para investigar la agresión israelí contra Gaza, que dijeron está «caracterizada por crímenes de guerra y genocidio perpetrados por la tiranía sionista de Israel».

Investigación de la CPI desde 2021

El fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó el viernes pasado que ya está llevando a cabo una investigación desde 2021 de los crímenes en los territorios palestinos ocupados, que se extiende a la «escalada de hostilidades y violencia desde los ataques que tuvieron lugar el 7 de octubre».

Esa investigación se centra en los crímenes de guerra que puedan haber sido cometidos en territorios palestinos ocupados tanto por el Ejército israelí como por el grupo Hamás y otras milicias palestinas.

El gobierno venezolano es objeto de una investigación en la CPI desde el año 2018 por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad bajo la gestión de Maduro.

Este año, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la Corte a continuar la investigación, pese a que Miraflores apeló la medida y a principios de noviembre, los días 7 y 8, se llevó una audiencia pública en la que participaron representantes de las víctimas y voceros gubernamentales en nombre del Estado.

Con información de Efe

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