La Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocó a Guyana y Venezuela a audiencias para el 14 y 15 de noviembre, sobre la solicitud del gobierno de Irfaan Ali para que se aborde el tema del referendo consultivo sobre el Esequibo, fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano para el 3 de diciembre.
El internacionalista Lauren Caballero descarta que la CIJ decida que el referendo no se pueda realizar, pues se trata de una figura de derecho interno prevista en los artículos 70 al 74 de la Constitución de Venezuela; pero sí espera algún pronunciamiento sobre las preguntas 3 y 5 de la consulta, objetadas por Guyana.
La pregunta número 3 plantea el desconocimiento a la jurisdicción de la CIJ por parte de Venezuela para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo; mientras que la 5 busca la aprobación por parte de los venezolanos de la creación del estado Guayana Esequiba, que incluye planes de atención a la población en ese territorio, así como otorgar nacionalidad y cédula de identidad.
¿Cuál es el propósito del referendo?
Pero si el resultado del referendo consultivo no es vinculante, ¿cuál es el verdadero propósito de la consulta y cómo puede afectar el proceso en la CIJ?
Caballero, experto en política internacional y democracia, alertó que el gobierno trata de «tapar» su responsabilidad en una eventual pérdida del Esequibo por una política exterior errada y la falta de una estrategia jurídica, al trasladarla hacia los electores que respondan «sí» a las cinco preguntas de la consulta.
En declaraciones a Efecto Cocuyo, subrayó especialmente la aprobación de la interrogante número 3, que desconoce la competencia de la Corte y que daría un «cheque en blanco» a Miraflores para abandonar el juicio y, por tanto, la defensa del territorio en disputa.
«El Gobierno ha sido intransigente con el tema; no reconoce a la Corte. Hay otros factores de la política interna (primarias, elecciones de 2024) que juegan un rol importante, pero creo que el objetivo de ese referendo es dejarle la responsabilidad de lo que ocurra con el Esequibo a los ciudadanos, pero el teatro real de operaciones de esa disputa territorial es lo jurídico», advirtió.
El internacionalista aclaró que Venezuela ya ha reconocido la competencia de la Corte. Por un lado, al apoyar el Acuerdo de Ginebra de 1966, que señala en el artículo 4 que si las partes no logran un acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas puede escoger otro medio estipulado en el artículo 33 de la Carta de la ONU; en este caso la vía jurídica a través de la CIJ, que es su principal órgano judicial.
También, dijo, se reconoce la jurisdicción de la Corte, al designarse a un equipo que representa los intereses del país por el Esequibo, en el juicio actual.
Responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de dejar que la controversia llegara a la CIJ al no comparecer el equipo jurídico a las audiencias en las que la Corte decidiría si se declaraba o no competente para conocer el diferendo y pronunciarse sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899.
¿Qué pasa si Venezuela abandona el proceso en la CIJ?
«El gobierno quiere hacernos creer que no hay manera de ganar ese juicio en la CIJ porque esta responde a los intereses de las trasnacionales y eso no es cierto, tienen cómo probar fácilmente que el Laudo Arbitral es nulo, pero pareciera no entender eso, no se ha reunido con expertos y se empeñan en señalamientos contra la Corte que no tienen ningún asidero jurídico y que lo que generan es distracción», reprochó.
Puso como ejemplos de la imparcialidad de la Corte, el fallo a favor de Irán y contra Estados Unidos – que el chavismo asegura controla a la CIJ a través de las trasnacionales – en el que debe compensarse a Teherán por las pérdidas ocasionadas por la congelación de fondos de empresas iraníes.
También mencionó que la CIJ se declaró competente en 1984 para conocer la demanda de Nicaragua contra EE. UU. por «actividades violatorias del derecho internacional», al apoyar operaciones militares y paramilitares de fuerzas contrarrevolucionarias en ese país. En 1986, la Corte dio la razón al país centroamericano y estableció que EEUU debía indemnizar.
Venezuela debe entregar su contramemoria (argumentos), el 8 de abril de 2024 a la CIJ para demostrar la nulidad del Laudo Arbitral. Si el gobierno venezolano abandona dicha vía jurídica, alertó Caballero, Venezuela corre el riesgo de perder el Esequibo de manera definitiva, puesto que si una de las partes no se presenta, la contraparte puede solicitar una decisión favorable a sus intereses. Tampoco habrá derecho a apelar la sentencia.
«Quedamos en un limbo jurídico y la comunidad internacional reconocerá lo que decida la Corte, se podrían adoptar otros mecanismos, pero sería mucho más difícil para Venezuela recuperar ese territorio. El referendo solo servirá para correr la arruga de la responsabilidad del gobierno de defender los intereses del país ante la Corte», agregó.
Si Venezuela asiste en 2024 a la Corte, subraya, el órgano internacional de justicia podría decidir en cuatro años sobre la validez o no del Laudo; pero si se ausenta, lo que califica como grave error, podría ser menos tiempo.
¿Hay riesgo de una vía de fuerza?
De hecho, el internacionalista no espera que la representación de Venezuela siquiera asista a la audiencia del 15 de noviembre en la CIJ, porque la decisión de abandonar el proceso judicial ya parecería tomada. Advirtió que así se fortalece la estrategia de Guyana, según la cual Venezuela no actúa de buena fe para resolver la disputa territorial y desobedece a la CIJ, lo que no le gustará a los magistrados.
En su rechazo al referendo consultivo, Guyana expresó a la Corte su temor de que Venezuela, al abandonar el juicio, recurra a otras vías unilaterales e incluso ilegales para reclamar el territorio en disputa.
Caballero tampoco duda de que ganará el «Sí» en el referendo, debido a que el chavismo moverá a sus bases para votar, pero señala la importancia de que, por lo menos, se le explique a la ciudadanía las posibles repercusiones de la consulta en la disputa territorial.
Lamenta que por la diatriba política y la falta de claridad en el tema, gobierno y oposición no sean capaces de conformar un frente nacional por la defensa del Esequibo en el terreno jurídico.
Pese a afirmaciones de voceros del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) sobre que estarían dispuestos a pelear por el Esequibo en cualquier terreno, aunque privilegian la vía pacífica y diplomática, el internacionalista considera que no pasará de ser un «discurso patriotero» sin riesgo real del uso de la fuerza.
Si se recurriera a la vía militar y se declara un estado de guerra o de conmoción, advirtió, sería contraproducente para Venezuela, que internacionalmente sería señalado como un estado agresor. Recordó que incluso la Corte puede solicitar apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU para que la sentencia se cumpla y se respete en el territorio.
¿Se puede crear el estado Guayana Esequiba?
Sobre la victoria de un «Sí» a la pregunta 5 del referendo que plantea la creación del estado Guayana Esequiba, Caballero ha advertido que se trataría de una «medida ilegal» desde el punto de vista del derecho internacional por no haberse resuelto antes el diferendo territorial.
Sin embargo, volvió a advertir que de crearse el estado no pasaría de ser un acto simbólico al no tener Venezuela control sobre ese territorio, por lo tanto, afirmó, no hay posibilidades reales de ejecutar una medida de ese tipo.
Pese a ello, indicó que el artículo 10 de la Constitución, que establece que el territorio y demás espacios geográficos son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, permite afirmar que 130.000 personas pertenecientes a etnias indígenas que viven en territorio Esequibo son venezolanos de nacimiento.
«¿Por qué el Estado nunca lo ejecutó? Esa es una buena pregunta, si estaba visto que Guyana nunca quiso negociar para establecer los límites territoriales, hasta causa suspicacia que ese artículo no se haya hecho valer, los últimos 25 años fueron de descuido», reprochó el experto.