Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Un reporte «demoledor». Después del informe emitido por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Gobierno de Nicolás Maduro está obligado a reconocer la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y mediar con este organismo para atender la crisis, indicó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

«Las Organización de Naciones Unidas (ahora) tiene la imperiosa obligación de pedirle al Gobierno (de Maduro) que declare la crisis humanitaria. La ONU tiene que usar este informe para declarar la emergencia y termine de entrar la ayuda humanitaria«, dijo.

El abogado agregó que, en un mediano plazo, el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pude llevar al Consejo de Seguridad de este organismo la emergencia venezolana, basado en el informe y «con la responsabilidad de proteger» al país.

Luego de la emisión de este documento, seguiría que funcionarios de esta oficina especializados en los distintos temas denunciados en el texto, como torturas y detenciones arbitrarias e incluso uno especializado en sanciones unilaterales, ingresen al país, como se comprometió la administración de Nicolás Maduro, aseguró Daniels.

«El ingresos de estos relatores tiene un protocolo, como lo tuvo la visita de Bachelet, con las mismas condiciones», expresó.

También, después de la emisión del reporte, se podría esperar que sucedan más excarcelaciones de presos políticos, como parte de los acuerdos suscritos con la Alta Comisionada. Sin embargo, el director de Acceso a la Justicia los calificó como una muestra de que no existe independecia de poderes.

«Demuestra una vez mas que en Venezuela no hay separación de poderes. Si defiendes los derechos humanos, hablarás con quien tenga el poder, pero las liberaciones no son responsabilidad del Ejecutivo«, destacó.

Lea también: “El Estado de derecho en Venezuela está erosionado”, afirma Bachelet ante Consejo de Ddhh de la ONU

Daniels aplaudió la contundencia del texto y afirmó que la expresidenta chilena, a la hora de hacer el informe, se mostró desapegada a su ideología política -coincidente con los supuestos principios que ha enarbolado el chavismo– y asumió su rol de Alta Comisionada con propiedad, lo cual quedó en evidencia al ofrecer un reflejo fiel de la crisis en el país.

«El informe es bastante demoledor. Es contundente, no omite ningún tema. Da elementos sustanciales de la realidad venezolana, principalmente a los que tenían algún tipo de cuestionamiento de la ideología política de Bachelet. Los derechos humanos no son temas de derecha e izquierda».

Además, indicó que «se está pidiendo que el informe sea remitido a la Corte Penal Internacional (CPI), para que lo acoja y lo incluya en el mensaje preliminar que está haciendo sobre Venezuela».

Como parte de las repercusiones más importantes que genera el informe, el abogado apuntó a las acciones violentas a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), sobre las cuales la Alta Comisionada sugirió entre sus recomendaciones disolverlas.

«El tema de las Faes ya es irrecuperable. Hay que disolverla, es la solicitud que hizo ella, no hay nada que salvar. Eso demuestra el conocimiento profundo que tiene de la situación».

El especialista en derechos humanos también criticó la respuesta del Gobierno Bolivariano, en su opinión «ajena a la realidad» porque ofrece todo tipo de excusas para no admitir la emergencia.

«La repuesta de Maduro habla de un país que no existe. Utilizan cualquier argumento, aunque no tenga ningún sentido. Ella (Bachelet) habló con ellos y reflejó lo que ellos dijeron en el informe«.

El documento también demuestra que la administración chavista tampoco ha  «agotado todas las vías para (solventar) las necesidades de salud y medicinas. Estos temas no los toma como prioridad«, asevera Daniels.

En cuanto a los dos funcionarios de la Oficina de Bachelet que se encuentran en Venezuela, el vocero de Acceso a la Justicia afirmó que de no poder continuar sus labores, podrían solicitar finalizar su misión, puesto que no han tenido completa libertad para trabajar por limitaciones que les han aplicado representantes del Gobierno de Maduro.

«Como el Gobierno tiene interés político con órganos de ONU, tendrán que trabajar con esta oficina (…) Pero los funcionarios podrían cesar su misión si persisten las limitaciones«.

Lea también:

Piñera pide a Bachelet llevar el informe sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional