El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el comunicado emitido este 13 de octubre por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que lamenta la muerte en prisión del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel y pide una investigación independiente sobre las causas del fallecimiento, atribuido por las autoridades a secuelas del COVID-19.
Según un texto emanado desde la Cancillería venezolana, el Gobierno venezolano «garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República, tal como ha sido constatado por la OACNUDH en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad».
En el comunicado suscrito por el ministro de Exteriores de Maduro, Félix Plasencia, se asevera que en Venezuela «no existen personas detenidas arbitrariamente» y que todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran «sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa».
El oficio publicado por Cancillería lamenta que la OACNUDH «ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos, al tiempo que invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad».
El Gobierno de Maduro además hizo un llamado al organismo encabezado por la chilena Michelle Bachelet «a honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo, como requisito indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes».
#COMUNICADO || Venezuela rechaza el pronunciamiento emitido por la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH https://t.co/FBII0XHOLk
— Felix Plasencia (@PlasenciaFelix) October 13, 2021
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El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el comunicado emitido este 13 de octubre por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que lamenta la muerte en prisión del exministro de la Defensa Raúl Isaías Baduel y pide una investigación independiente sobre las causas del fallecimiento, atribuido por las autoridades a secuelas del COVID-19.
Según un texto emanado desde la Cancillería venezolana, el Gobierno venezolano «garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República, tal como ha sido constatado por la OACNUDH en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad».
En el comunicado suscrito por el ministro de Exteriores de Maduro, Félix Plasencia, se asevera que en Venezuela «no existen personas detenidas arbitrariamente» y que todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran «sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa».
El oficio publicado por Cancillería lamenta que la OACNUDH «ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos, al tiempo que invisibiliza las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad».
El Gobierno de Maduro además hizo un llamado al organismo encabezado por la chilena Michelle Bachelet «a honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo, como requisito indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes».
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