El gerente de frontera para Venezuela del Gobierno de Colombia , Felipe Muñoz, califica el éxodo venezolano como el menos financiado del mundo, pese a su magnitud. Aclara que sí se han recibido aportes y donaciones para atender a los migrantes en el vecino país, en la frontera y en la región, pero no resultan suficientes ante las necesidades.
El funcionario participó en la sesión de la recién estrenada subcomisión de asuntos fronterizos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), este viernes 3 de julio. Ante los diputados, encabezados por la presidenta de la instancia, Gabriela Arellano, Muñoz se refirió a la situación de los connacionales en territorio colombiano y el tránsito en la frontera con Venezuela en medio de la pandemia.
“Existen tres razones por las cuales Colombia hoy brinda un incondicional apoyo a los venezolanos: solidaridad, agradecimiento y oportunidades para el crecimiento de nuestro país”, aseguró Muñoz.
En el evento en línea, a través de la plataforma Zoom, también participaron el embajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Tomás Guanipa, la representante en Brasil, María Belandria y la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez ( a través de un video grabado previamente), además de Felipe Muñoz, entre otros funcionarios e invitados especiales.
Guanipa precisó que 1.800.000 venezolanos migraron a Colombia desde 2014. Dijo con preocupación que solo 200 mil se encuentran regularizados, por lo que se buscan mecanismos para lograr que más del millón restante entre en esta condición, o al menos la mayor parte.
Gerente de Frontera para Venezuela del Gobierno de Colombia , Felipe Muñoz
400 millones de dólares en tres años
Muñoz informó que en tres años el vecino país ha recibido 400 millones de dólares. Recalcó que son fondos provenientes de donantes como Estados Unidos, principalmente, la Unión Europea y España, no manejados por el Ejecutivo neogranadino ni por los gobiernos locales.
“Cuando se habla de donaciones se generan muchas expectativas entre los migrantes, pero no son cheques que tenemos en una caja fuerte para repartir, se le entrega a las agencias de cooperación internacional y ONG”, subrayó.
Aseguró que se trata “de una ayuda inmensa” pero resulta insuficiente, puesto que la atención a los migrantes venezolanos le cuesta a Colombia entre 0,45 y 0,6 del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale, apuntó, a más de mil millones de dólares.
“Fueron alrededor de 130 millones por año, lo que representa solo 12% del costo. Se ha logrado atención, por supuesto, parte del dinero se invirtió por ejemplo en 2 millones de vacunas, se atiende en centros de salud, donde en Cúcuta, por ejemplo, ocho de cada diez nacimientos son de madres venezolanas. La plata se ha invertido hasta el último peso”, insistió.
Otra forma de asistencia, destacó, es la entrega de 33 mil mercados a domicilio, a través del Programa Mundial de Alimentos, en beneficio de 150 mil personas en la Guajira. Esto, ante el cierre de los comedores de Naciones Unidas en Paraguachón, por el riesgo de contagio de COVID-19.
Así mismo, habló de los esfuerzos por atender aunque sea a una parte de los 14 pueblos indígenas que se han desplazado desde Venezuela hasta Colombia, dada la falta de recursos económicos.
Muñoz apuntó que está pendiente el desembolso de 650 millones de dólares en donaciones para atender la migración venezolana en la región suramericana, provenientes de la Conferencia Mundial de Donantes. Dijo que Colombia, por ser el mayor receptor de desplazados, aspira a que le corresponda la mayor cantidad de recursos, para ser distribuidos entre 65 organizaciones humanitarias.
“La mayoría del monto obtenido (2.790 millones de dólares) en la Conferencia, son créditos que tienen que solicitar los países, pero los fondos no reembolsables son 650 millones de dólares. Si hipotéticamente Colombia recibiera 20% serían 100 millones de dólares, pero esperamos que le toque la mayor parte. Como vemos no resulta suficiente, es la crisis migratoria menos financiada del mundo”.
La subcomisión de asuntos fronterizos tiene previsto entregar un informe a la plenaria sobre la realidad de la frontera terrestre y marítima entre Venezuela y los países vecinos, antes de que finalice el actual período legislativo. Una vez aprobado por el Parlamento, el documento será elevado a instancias internacionales.
Guanipa alertó que ante la cuarentena por el COVID-19 y al quedarse sin medios de sustento, solo alrededor de 4% de los migrantes han retornado, para un aproximado de casi 80 mil personas.
Advirtió que pese a un decreto que lo prohíbe, siguen los desalojos de connacionales de arriendos en Colombia, situación que temen empeore en los próximos días, porque la medida existente expiró. Se media a través de la embajada para que la prohibición se prolongue y se haga respetar mientras dure la emergencia por la pandemia.
“Se ha generado una presión en la frontera importante, porque el ingreso de personas a Venezuela se redujo a tres días a la semana con tope de 300 mil por día. Esto causa que se aglomeren tres mil personas en Cúcuta de manera permanente, duermen en la calle y una vez que entran son ingresados a especies de campos de concentración, sin servicios públicos, asistencia sanitaria, sin respeto a sus DDHH”, denunció.
Para una parte de los que permanecen en Colombia, pero en situación vulnerable, destacó, se han hecho entregas de 200 mil mercados, a través de un registro consular.
A través de una grabación, la gobernadora del Táchira, Laydi Gómez, se refirió a las condiciones precarias del hospital centinela de San Cristóbal. Alertó que el centro de salud requiere de guantes, tapabocas, medicinas y otros insumos para la atención de pacientes con el COVID-19.
Denunció que aparte de las deficiencias, el estado se enfrenta a la deserción del personal de salud por bajos salarios. La entidad andina registra hasta la fecha 705 casos confirmados del virus.
“Ayer recibimos un presupuesto por parte del Ministerio de Salud que no cubre ni 0,3% de las necesidades básicas en medio de la pandemia. Recordamos que el Táchira no cuenta con recaudación tributaria, la economía está paralizada por el cierre de la frontera con Colombia y la cuarentena, solo dependemos de los recursos que baja el gobierno central”, expresó.
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El gerente de frontera para Venezuela del Gobierno de Colombia , Felipe Muñoz, califica el éxodo venezolano como el menos financiado del mundo, pese a su magnitud. Aclara que sí se han recibido aportes y donaciones para atender a los migrantes en el vecino país, en la frontera y en la región, pero no resultan suficientes ante las necesidades.
El funcionario participó en la sesión de la recién estrenada subcomisión de asuntos fronterizos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), este viernes 3 de julio. Ante los diputados, encabezados por la presidenta de la instancia, Gabriela Arellano, Muñoz se refirió a la situación de los connacionales en territorio colombiano y el tránsito en la frontera con Venezuela en medio de la pandemia.
“Existen tres razones por las cuales Colombia hoy brinda un incondicional apoyo a los venezolanos: solidaridad, agradecimiento y oportunidades para el crecimiento de nuestro país”, aseguró Muñoz.
En el evento en línea, a través de la plataforma Zoom, también participaron el embajador de Venezuela en Colombia, designado por Juan Guaidó, Tomás Guanipa, la representante en Brasil, María Belandria y la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez ( a través de un video grabado previamente), además de Felipe Muñoz, entre otros funcionarios e invitados especiales.
Guanipa precisó que 1.800.000 venezolanos migraron a Colombia desde 2014. Dijo con preocupación que solo 200 mil se encuentran regularizados, por lo que se buscan mecanismos para lograr que más del millón restante entre en esta condición, o al menos la mayor parte.
Gerente de Frontera para Venezuela del Gobierno de Colombia , Felipe Muñoz
400 millones de dólares en tres años
Muñoz informó que en tres años el vecino país ha recibido 400 millones de dólares. Recalcó que son fondos provenientes de donantes como Estados Unidos, principalmente, la Unión Europea y España, no manejados por el Ejecutivo neogranadino ni por los gobiernos locales.
“Cuando se habla de donaciones se generan muchas expectativas entre los migrantes, pero no son cheques que tenemos en una caja fuerte para repartir, se le entrega a las agencias de cooperación internacional y ONG”, subrayó.
Aseguró que se trata “de una ayuda inmensa” pero resulta insuficiente, puesto que la atención a los migrantes venezolanos le cuesta a Colombia entre 0,45 y 0,6 del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale, apuntó, a más de mil millones de dólares.
“Fueron alrededor de 130 millones por año, lo que representa solo 12% del costo. Se ha logrado atención, por supuesto, parte del dinero se invirtió por ejemplo en 2 millones de vacunas, se atiende en centros de salud, donde en Cúcuta, por ejemplo, ocho de cada diez nacimientos son de madres venezolanas. La plata se ha invertido hasta el último peso”, insistió.
Otra forma de asistencia, destacó, es la entrega de 33 mil mercados a domicilio, a través del Programa Mundial de Alimentos, en beneficio de 150 mil personas en la Guajira. Esto, ante el cierre de los comedores de Naciones Unidas en Paraguachón, por el riesgo de contagio de COVID-19.
Así mismo, habló de los esfuerzos por atender aunque sea a una parte de los 14 pueblos indígenas que se han desplazado desde Venezuela hasta Colombia, dada la falta de recursos económicos.
Muñoz apuntó que está pendiente el desembolso de 650 millones de dólares en donaciones para atender la migración venezolana en la región suramericana, provenientes de la Conferencia Mundial de Donantes. Dijo que Colombia, por ser el mayor receptor de desplazados, aspira a que le corresponda la mayor cantidad de recursos, para ser distribuidos entre 65 organizaciones humanitarias.
“La mayoría del monto obtenido (2.790 millones de dólares) en la Conferencia, son créditos que tienen que solicitar los países, pero los fondos no reembolsables son 650 millones de dólares. Si hipotéticamente Colombia recibiera 20% serían 100 millones de dólares, pero esperamos que le toque la mayor parte. Como vemos no resulta suficiente, es la crisis migratoria menos financiada del mundo”.
La subcomisión de asuntos fronterizos tiene previsto entregar un informe a la plenaria sobre la realidad de la frontera terrestre y marítima entre Venezuela y los países vecinos, antes de que finalice el actual período legislativo. Una vez aprobado por el Parlamento, el documento será elevado a instancias internacionales.
Guanipa alertó que ante la cuarentena por el COVID-19 y al quedarse sin medios de sustento, solo alrededor de 4% de los migrantes han retornado, para un aproximado de casi 80 mil personas.
Advirtió que pese a un decreto que lo prohíbe, siguen los desalojos de connacionales de arriendos en Colombia, situación que temen empeore en los próximos días, porque la medida existente expiró. Se media a través de la embajada para que la prohibición se prolongue y se haga respetar mientras dure la emergencia por la pandemia.
“Se ha generado una presión en la frontera importante, porque el ingreso de personas a Venezuela se redujo a tres días a la semana con tope de 300 mil por día. Esto causa que se aglomeren tres mil personas en Cúcuta de manera permanente, duermen en la calle y una vez que entran son ingresados a especies de campos de concentración, sin servicios públicos, asistencia sanitaria, sin respeto a sus DDHH”, denunció.
Para una parte de los que permanecen en Colombia, pero en situación vulnerable, destacó, se han hecho entregas de 200 mil mercados, a través de un registro consular.
A través de una grabación, la gobernadora del Táchira, Laydi Gómez, se refirió a las condiciones precarias del hospital centinela de San Cristóbal. Alertó que el centro de salud requiere de guantes, tapabocas, medicinas y otros insumos para la atención de pacientes con el COVID-19.
Denunció que aparte de las deficiencias, el estado se enfrenta a la deserción del personal de salud por bajos salarios. La entidad andina registra hasta la fecha 705 casos confirmados del virus.
“Ayer recibimos un presupuesto por parte del Ministerio de Salud que no cubre ni 0,3% de las necesidades básicas en medio de la pandemia. Recordamos que el Táchira no cuenta con recaudación tributaria, la economía está paralizada por el cierre de la frontera con Colombia y la cuarentena, solo dependemos de los recursos que baja el gobierno central”, expresó.