El Ministerio Público (MP) abrió una oficina para atender exclusivamente las denuncias de los funcionarios públicos que han sido amenazados para que voten a favor de la Asamblea Nacional Constituyente.
La Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que los empleados que han sido acosados recibirán protección a partir de este viernes, 28 de julio.
“Ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy resteada con ustedes, pueblo de Venezuela”, sentenció.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que han detectado patrones de amenazas a empleados en 21 organismos públicos diferentes.
Ortega advirtió que “Venezuela se encuentra en un oscuro y peligroso momento. En nuestras calles no hay paz, hay zozobra, represión y hambre. Se pretende imponer la violencia política extrema como forma de resolver los problemas”.
Acusó al Tribunal Supremo de Justicia de “repartir a diestra y siniestra” las competencias del MP y de ser el “principal usurpador” de las atribuciones de la Asamblea Nacional.
Sobre la detención del magistrado Ángel Zerpa, designado por la AN, alertó que se desconocen las condiciones de su aprehensión y que se ha negado el acceso no solo a sus familiares sino al MP.
“Las personas son detenidas por capricho del Ejecutivo. Se cometen injusticias en el proceso legal solo porque las personas son considerados enemigos políticos”, rechazó.
A cinco días de la elección de la Constituyente, la Fiscal instó a los venezolanos a defender la Constitución de 1999 amparados en el artículo 333.
“El pueblo merece ser dirigido por personas decentes que les duela el país. El poder no se puede asumir para reprimir al pueblo”, concluyó.
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