Los Procuradores y/o Fiscales Generales, representantes de los Ministerios
Públicos de 12 países latinoamericanos y de España, expresaron su “solidaridad con las gestiones de la Fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y rechazaron los señalamientos que contra ella y su gestión han hecho voceros del alto gobierno venezolano.
Procuradores y/o Fiscales Generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, manifiestan su “profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en el país”.
“En ese sentido” -expresa el comunicado de los fiscales- “reafirmamos lo expresado en el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de fecha 6 de abril de 2017, y manifestamos nuestra convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal”.
Por otra parte los funcionarios consideran “fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía”.
Para ello, resulta imprescindible “mantener irrestrictamente la titularidad del
ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal
acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países
iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido
proceso”.
De igual manera los firmantes se refieren a la Constituyente promovida por el presidente Maduro en el sentido de que rechazan “cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”.
Para finalizar, los fiscales repudian los que consideran “actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público y expresamos nuestra solidaridad con la actuación de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país.