Fiscal General desconoce las sentencias del TSJ sobre atribuciones del MP

Dos sentencias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recortaron las atribuciones que tiene el Ministerio Público de ser el ejecutor de la acción penal. Un día después de conocerse estos documentos la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se pronunció al respecto: “yo desconozco estas sentencias”, dijo lapidaria.

Este miércoles 28 de junio, Ortega Díaz acusó a los magistrados de querer derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues asegura que las últimas decisiones atentan contra ella, rompen la constitucionalidad del país y desmantela el Estado. “Estamos frente acciones de barbarie”, dijo refiriéndose a la intención de “imponer una constituyente”.

“Lo que hicieron con la Asamblea Nacional, con las sentencias 155 y 156, es lo que quieren hacer ahora con el Ministerio Público. Todo esto para acabar la institución y desmantelar el Estado. Ahora la inseguridad jurídica aumenta, porque ahora las personas no saben a dónde defenderse”, manifestó.

El 13 de junio el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, había solicitado ante el máximo juzgado, un recurso de interpretación en el que reclamaba competencias que hasta ahora eran exclusivas de la Fiscalía tales como promover pruebas, que se hagan experticias, levantamiento planimétrico, reconstrucción de hechos, autopsias y otras, todas, a su juicio, “con fines constitucionales”.

En la sentencia 470 , que se publicó este martes, 27 de junio, el TSJ indica:

“La Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación, las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación”, en el apartado 3.2 de la decisión. Asimismo especifica que el despacho que dirige William Saab podrá “tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida”.

La Defensoría del Pueblo podrá también “promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras, así como estar presentes en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio”, según refiere el texto.

La Sala Constitucional del TSJ, a través de otra sentencia, desestimó el nombramiento de Rafael González Arias como Vicefiscal General de la República (Encargado) realizado este 17 de junio y se tomará las licencias para designar a otra persona en este cargo.

Historial del desconocimiento al MP

Ortega Díaz dijo que esta acción es parte del desmontaje progresivo del Ministerio Público que ocurre desde los rechazos a las actuaciones solicitadas por los fiscales.

“Aquí se dio una suma en dólares para reparar los hospitales y los hospitales no se repararon, Por esto hay una solicitud de ordenes de captura contra una exministra y sus familiares y el tribunal no las dio”, recordó.

También dijo que otras órdenes no fueron ejecutadas como por ejemplo el caso de los 75 contenedores de insumos médicos vencidos y la del funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que arrolló a un manifestante con una tanqueta: “La respuesta fue que se estaban violando los derechos humanos del funcionario que manejaba, no los del joven al que le pasó por encima”.

Señaló que la sede del MP ha sido asediada por grupos oficialistas e incluso ocho de sus trabajadores fueron agredidos en un acto de apoyo a su labor.

Constituyente y sus consecuencias

La Fiscal General de la República advirtió las arbitrariedades que se pueden imponer si en Venezuela se continúa con la Asamblea Nacional Constituyente. Dijo que con esa nueva constitución se podría implementar que cualquier organismo público investigue y sancione a una persona.

“Estas sentencias son para acomodar decisiones que interesen a un grupo o sector. Alguien quiere investigaciones penales a su medida”, apuntó.

Agregó que esto empeoraría con la Constituyente, la represión y las violaciones a los derechos humanos, pues asegura que las sentencias también colocaron a investigar estos delitos a los que vulneran los derechos humanos. “¿Creen que pueda haber una investigación penal seria e imparcial con esta sentencia?”, dijo.

“Quizás se intente vencer al enemigo con la investigación penal, como no lo puedo vencer con votos (…) Parece que todo el país es terrorista. Estamos en presencia de un terrorismo de Estado. Una minoría quiere imponer una constituyente  y lo hacen de espalda a un pueblo y dicen que si no ganan con votos lo van hacer por las armas. Estamos frente acciones de barbarie. Invitan a la insurrección armada, están como desesperados para que haya un levantamiento militar y un golpe de Estado“, expuso.

Dos sentencias del TSJ reducen competencias de la Fiscalía