El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) advirtió que las audiencias orales de la fase de fondo en el juicio que se sigue en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, se iniciarán el 4 de mayo de 2026.
El grupo de internacionalistas, encabezados por el presidente del Covri, Kenneth Ramírez, no solo critica la opacidad y la politización con la que desde el Poder Ejecutivo venezolano se ha manejado el tema, sino que expresa preocupación ante la falta de preparación de la defensa venezolana, en momentos en que el tutelaje de Estados Unidos acapara la atención y la toma de decisiones.
“Deploramos que hayan sido nuevamente declaraciones públicas de funcionarios guyaneses el medio a través del cual el pueblo venezolano recibe noticias relevantes sobre el proceso judicial. En este sentido, la CIJ habría comunicado a Guyana y Venezuela el pasado 26 de enero de 2026 que las audiencias orales del proceso de fondo iniciarán el 4 de mayo de 2026. La opacidad y aislamiento que se ha mantenido en los últimos años pone toda la responsabilidad histórica en el Ejecutivo respecto a lo que pueda ocurrir en la CIJ y el impacto sobre nuestra justa reclamación de la Guayana Esequiba”, señaló el Covri mediante un comunicado.
Venezuela entregó a la CIJ, el 11 de agosto de 2025, la documentación que prueba sus derechos sobre el territorio Esequibo, zona de 159.542 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana desde hace 125 años. Pese a ello, la administración de Nicolás Maduro volvió a enfatizar que no reconoce la jurisdicción de la Corte para decidir sobre la controversia territorial y advirtió que una sentencia que perjudique los intereses del Estado venezolano no será acatada.
Prepararse para las audiencias orales
Dicha posición fue reiterada por un comunicado de la Cancillería de Venezuela, del 17 de febrero, a propósito del 60 aniversario del Acuerdo de Ginebra. Para el Covri, esta postura sigue siendo preocupante porque puede generar indisposición en los jueces de la CIJ, donde el proceso judicial continuará con o sin la comparecencia de Venezuela. Subrayó que el hecho de que Venezuela haya atendido las fases previas del juicio, como la presentación de la contramemoria, implica reconocimiento a la Corte y su abordaje de la disputa territorial.
“Reconocemos que, a pesar de que la CIJ no sea el medio de solución pacífica que Venezuela ha preferido históricamente para resolver la controversia, el Poder Ejecutivo no ha logrado ni detener el proceso judicial ni conseguir una alternativa viable, por ejemplo, la negociación de buena fe que menciona el Comunicado de la Cancillería de Venezuela”, prosiguió el comunicado del Covri.
Este 17 de febrero, el gobierno interino de Delcy Rodríguez, a través de la Cancillería, expresó mediante el comunicado que el único camino posible para la solución de la controversia territorial es “entablar definitivamente una negociación de buena fe” y reivindicó el Acuerdo de Ginebra como el “único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable”.
Los internacionalistas recomiendan dejar de lado “manifestaciones discursivas contraproducentes” y preparar la participación en las audiencias orales sobre la fase de fondo mediante la consulta a expertos nacionales, puesto que tras las audiencias orales, la CIJ pasará a deliberar y luego emitirá la sentencia sobre el fondo del caso que es, según los artículos 59 y 60 de su Estatuto, “vinculante, definitiva e inapelable”. Dicha decisión, de acuerdo con Kenneth Ramírez, está prevista para finales de año.
“No debe volver a pasar esta vez lo que ocurrió con las audiencias orales en la fase de jurisdicción donde no se participó e incluso se desaprovechó la oportunidad de responder apropiadamente por escrito a la pregunta del juez Mohamed Bennouna, o lo que ocurrió en las audiencias orales de la fase de admisibilidad donde los abogados que representaban a Venezuela cometieron inexplicablemente el faux pas ya citado”, advierte el comunicado del Covri.
Transparencia y diálogo
Por último, el Consejo hizo un llamado al Ejecutivo a no continuar con las prácticas de opacidad, aislamiento y politización con las cuales ha manejado la controversia territorial, que es un asunto de Estado, en los últimos años.
“Por el contrario, recordamos que resulta crucial fomentar la transparencia, el diálogo y la unidad nacional para poder mantener nuestra reclamación de la Guayana Esequiba en términos políticos de manera efectiva a largo plazo, más allá de lo que ocurra en la CIJ”, finaliza el texto.
Vale recordar que la posición de EEUU ha sido de respaldo a Guyana en el reclamo territorial sobre el Esequibo. El país vecino también ha sido escenario de maniobras navales conjuntas con la Armada norteamericana. El secretario de Estado, Marco Rubio, realizó una visita oficial al país caribeño hace casi un año.