Un total de 116 Estados miembros de Naciones Unidas participaron en el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos en Venezuela, este martes 25 de enero. El restablecimiento de la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destacó entre las recomendaciones hechas por las distintas delegaciones.
Algunos de los Estados que cuestionaron la falta de autonomía del Poder Judicial son: Azerbaiyán, Alemania, Bahamas, Egipto, España, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Brasil, Finlandia, Luxemburgo y Perú.
También exhortaron al Estado venezolano a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Así mismo, instaron al gobierno de Nicolás Maduro a permitir el ingreso al país de la misión de determinación de los hechos de la ONU que tiene como mandato investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014.
Otra recomendación es fortalecer la cooperación con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asegurando la instalación de una oficina permanente de esta instancia en Venezuela.
La conformación de un Consejo Nacional Electoral independiente, el regreso a la mesa de negociación que se instaló en México y las garantías a la libertad de expresión también formaron parte de los exhortos.
En tres ocasiones la representación diplomática de Venezuela interrumpió la intervención de Estados Unidos, hecha a través de un video pregrabado, por considerar que usaba lenguaje inapropiado e irrespetuoso para referirse a las autoridades venezolanas. Específicamente señalaron el uso del término “régimen” empleado por el país del norte, pero también por Francia a quien igualmente llamaron la atención.
Estados Unidos exigió la liberación de todos los presos políticos y el cese de las detenciones arbitrarias contra la disidencia.
Aliados de Venezuela, como China, pidieron el levantamiento de sanciones contra Venezuela, una solicitud que inició la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante su intervención en la que aseveró que la administración de Maduro garantiza los derechos políticos, civiles, económicos y sociales.
México y Noruega, promotores de la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, actualmente suspendida, también participaron en el diálogo virtual.
México recomendó fortalecer las capacidades para garantizar investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales y políticas en materia de trata de personas con acompañamiento integral a las víctimas.
Noruega instó a proteger el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, de los periodistas, de los dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. También pidió expresamente revocar el requisito impuesto a las ONG de inscribirse en la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado.
Según un informe hecho por las organizaciones Civicus, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y Espacio Público, Venezuela no ha aplicado más del 80% de las recomendaciones la ONU en materia de derechos cívicos desde 2016 cuando fue sometida al segundo Examen Periódico Universal.
“De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete”, denuncian.
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